Una comisión del Senado italiano aprueba la eliminación del delito de inmigración ilegal

• El Pueblo de la Libertad se ha opuesto a esta enmienda
• Se tendrá que votar en ambas cámaras; cuenta con el apoyo del Gobierno
• Ahora la inmigración ilegal en Italia es un delito sujeto a sanción económica

El camino será tortuoso pero la comisión de Justicia del Senado ha aprobado la retirada del delito de inmigración irregular. La oposición y el Partido Democrático han dado el vía libre a esta iniciativa presentada por el Movimiento 5 Estrellas. El Pueblo de la Libertad, socio del Partido Democrático, se ha opuesto a la pretensión. Precisamente, la tipificación del delito fue introducida por ministro de Interior del gobierno de Silvio Berlusconi coligado con la Liga Norte .

"Será la ventana por la que entre la corriente de la próxima crisis de gobierno. ¿Estamos locos?", ha dicho al instante la que fuera ministra de Educación de Berlusconi, Mariaestella Gelmini.

En Italia la inmigración ilegal está tipificada como delito desde 2009 y puede ser sancionada con multas de entre 5.000 y 10.000 euros, toda vez que la ley prevé un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas del país de forma inmediata.

Según esa ley, con la que se obliga además a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados (los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación), los inmigrantes que consiguieron sobrevivir el pasado jueves al naufragio frente a la isla de Lampedusa podrían tener que enfrentarse a multas de varios miles de euros.

"La sanción penal se perfila desproporcionada e injustificada y la sanción pecuniaria es, de hecho, imposible de llevar a cabo, considerando que los inmigrantes no cuentan con ningún bien", ha señalado el subsecretario de Justicia, Cosimo Ferri.

Asimismo, ha destacado que "el Estado debe regular los flujos migratorios de forma compatible con las concretas posibilidades de acoger a los inmigrantes por razones de orden público y humanitarias" y agregó que "es necesario garantizar una hospitalidad digna a aquellos que huyen de situaciones de extrema indigencia o inhumanas".

Impulso al derecho de asilo

Al delito de inmigración ilegal se suma la llamada ley "Bossi-Fini" de 2002, que adquiere ese nombre por sus ministros conservadores promotores y que prevé el delito de complicidad con la inmigración clandestina para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.

Mientras esto ocurría en la Cámara Alta, el Consejo de Ministros daba un impulso al derecho de asilo. En el texto se prevé la concesión del permiso de residencia de larga duración, como a cualquier ciudadano extranjero, al refugiado y al titular de una protección subsidiara que hasta ahora estaban excluidos. De esta manera Italia, se adecúa a las normas de la Unión Europea. Estas medidas se acompañaron de 190 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado a la inmigración.

El debate en Italia sobre su ley migratoria se ha reabierto en el país, tras el naufragio, el pasado jueves, de un pesquero con más de 500 inmigrantes a bordo ante las costas de la isla de Lampedusa (sur), en el que el balance de muertos supera ya los 300, mientras aún siguen las tareas de rescate de los cadáveres atrapados entre los restos hundidos de la embarcación.