El Gobierno recurrió al Supremo por abusiva la cláusula que le obliga a indemnizar a Castor

• Soria asegura que fue "hace meses" por considerarla "lesiva"
• Además, descarta que haya movimientos sísmicos "importantes"
• Lo ha declarado durante su comparecencia en el Congreso

Industria ha solicitado al Tribunal Supremo que declare abusiva la cláusula que obligaría a indemnizar a la empresa que gestiona el almacén de gas subterráneo Castor en caso de que se decida el cierre definitivo. Así lo ha declarado durante su comparecencia en el Congreso el ministro  de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, para informar sobre  la situación actual del proyecto.

Asimismo, ha explicado que la petición se hizo hace meses y que el coste total de la instalación podría ascender hasta los 1.700 millones de euros.

Según ha señalado Soria, no saben lo que va a decir el Supremo, pero les parece "claramente abusiva" la cláusula, aprobada según Soria por el anterior gobierno en 2008. Esta cláusula, recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado.

En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a "dolo o negligencia del operador", al valor residual de este.

Además, los expertos coinciden en que "no es probable que se produzcan movimientos sísmicos importantes" en la zona del Golfo de Valencia, próxima al almacén subterráneo de gas Castor.

Los seísmos de magnitud interior a tres sí tienen relación con Castor

Según ha insistido el ministro, los seísmos de magnitud inferior a tres sí que tienen una relación con la inyección de gas, aunque están a la espera de los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero de España.

En respuesta a UPyD ha asegurado que desconoce cuando se van a dar los informes. "Prefiero que se tomen el tiempo que consideren oportuno, quiero que sean claros y rotundos. La seguridad estará por encima de todo", ha recalcado.

No obstante, el titular de Industria ha adelantado que el "gobierno está preparado para reaccionar y responder ante cualquier tipo de situación".

Soria ha sostenido que desde que se dio la orden de paralizar la actividad de la empresa no se ha vuelto a inyectar ni extraer gas. "Hasta que no se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura, no va a contar con la autorización del Ministerio", ha agregado.

En ese sentido, Soria ha señalado que la paralización de la actividad continuará en tanto "no se garantice la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones".

Los partidos piden más explicaciones y transparencia

Por su parte, el diputado socialista Francesc Vallés ha pedido "más responsabilidad y transparencia" en la gestión de la situación, al tiempo que ha asegurado que hay "falta de información".

La diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz ha señalado que "el Estado ha pecado de una falta de prevención".

En ese sentido, el diputado de UPyD Carlos Martínez ha cuestionado las razones por las que se han producido los movimientos.

Por su parte, CiU ha pedido a Soria que "priorice la seguridad de las personas por encima de los intereses económicos".

Según la empresa, desde el día 16 de septiembre, fecha en la que se  concluyó la inyección de gas colchón programada hasta la fecha, sigue  paralizada la actividad en el almacén en estricto  cumplimiento de las órdenes del Ministerio de Industria, que decretó el 26 de septiembre la paralización temporal de esta actividad.