La juez del caso de los ERE deja en libertad con cargos a los últimos siete detenidos

• Impone fianza civil de 471.000 euros al exdirigente de CC.OO. Carmona
• La Guardia Civil dejó en libertad a los otros tres detenidos en la operación

Libertad con cargos para los 7 detenidos en la segunda fase de la operación Heracles

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles que pasaron a disposición judicial y que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y hasta bien entrada la madrugada del viernes. En total fueron detenidas diez personas el pasado martes, pero la Guardia Civil puso en libertad a tres de los arrestados en las primeras horas.

Los primeros en quedar libres este viernes, pasadas las doce y media de la noche, tras pasar por el Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que investiga la presunta trama de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía, han sido el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC.OO., Roberto Carmona; y el director de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención, Enrique Rodríguez.

Tras salir en libertad, los tres han sido recibidos con una fuerte ovación y gritos de "libertad, libertad" por varias decenas de sindicalistas que se han concentrado frente a los juzgados, entre ellos el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.

Bien entrada la madrugada (las declaraciones se prolongaron hasta las 3.30 horas de este viernes), quedaron en libertad los otros cuatro detenidos: Francisco Casado, exsindicalista de CC.OO. en Córdoba; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra; Ángel Quesada del Valle, apoderado de la empresa que gestiona el hotel Rey don Pedro de Torremolinos (Málaga) y el empresario sevillano José Joaquín Barneto.

Fianza de 471.000 euros para el dirigente de CC.OO.

La juez imputó a los detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles del caso de los ERE los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y delito fiscal.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las partes personadas han pedido el ingreso en prisión de los detenidos. La instructora solo ha impuesto una fianza civil de 471.000 euros al exdirigente de Comisiones Obreras Roberto Carmona.

Alaya asegura que intervino en la "percepción de una comisión que percibe CC.OO. por su participación" en el expediente de Faja Pirítica, "comisión que según todos los indicios constituye una contraprestación por la labor que como facilitador ejerce el sindicato".

Para el responsable de UGT en Cádiz, Salvador Mera, la Fiscalía había pedido una fianza de responsabilidad civil de 248.000 euros antes de que la juez le dejara en libertad con cargos.

Según declaró Mera como testigo, tanto él como Carmona se dirigieron al dueño de Uniter, José González Mata, en el marco de las prejubilaciones de Faja Pirítica para exponerle que UGT y CC.OO. "debían cobrar algo" por los "gastos que el proceso había generado" en ambos sindicatos. Según su relato, se llegó a un acuerdo para pagar 180.000 euros a cada organización.

El exresponsable de la Junta no declara

El ex alto cargo de la Diputación de Sevilla y exgerente en esta provincia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Enrique Rodríguez, se ha acogido a su derecho de no declarar antes de quedar en libertad con cargos.

Anticorrupción había solicitado que se le impusiera una fianza civil de un millón de euros, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado tres millones de euros de garantía.

Los otros cuatro detenidos que han quedado en libertad con cargos (Francisco Casado, Gerardo de la Cruz, Ángel Quesada del Valle y José Joaquín Barneto, tienen obligación de personarse cada 15 días en el Juzgado.

A pesar de que las comparecencias han concluido pasadas las 3.30  horas de la madrugada, la juez no ha suspendido las declaraciones previstas para este  viernes de otros imputados en la causa, entre ellos, el  exparlamentario socialista Ramón Díaz, quien tiene previsto acogerse  a su derecho constitucional a no declarar.