El Consejo Constitucional francés valida la prohibición del 'fracking'

• Rechaza el recurso de la petrolera texana Schuepbach
• Considera que la ley persigue "prevenir los riesgos para el medio ambiente"

La explotación de gas y de petróleo de esquisto se conoce como 'fracking'

El Consejo Constitucional francés ha considerado este viernes que la ley que prohíbe la explotación de gas y de petróleo de esquisto, técnica conocida como'fracking', es conforme a la Carta Magna, al rechazar el recurso presentado por la petrolera texana Schuepbach contra ese texto.

El Constitucional, máximo órgano de interpretación de la Carta Magna, ha recjazado los cuatro argumentos presentados por el grupo estadounidense contra la ley aprobada el 13 de julio de 2011, que ha considerado "conforme a la Constitución".

“Persigue prevenir los riesgos para el medio ambiente“

En su sentencia, el Constitucional considera que el Legislativo persigue "prevenir los riesgos (...) para el medio ambiente" que presenta la explotación de hidrocarburos a través de la fragmentación de la roca por inyección de agua a presión, para obtener gas o petróleo de esquisto.

Schuepbach, que había visto como el Gobierno anulaba los permisos de explotación de dos yacimientos en el sur de Francia, consideraba que la ley no garantizaba el principio de igualdad, ya que sí reconoce el uso de ese sistema para la explotación de la energía geotérmica.

Sin embargo, el Constitucional avala esa diferencia porque "el legislador "considera que no presenta el mismo riesgo para el medio ambiente".  "El Constitucional concluye que la restricción a la investigación y la explotación de hidrocarburos (con este método), en el estado actual de conocimientos técnicos, no tiene un carácter desproporcionado", ha indicado.

“El principio de precaución no debe autorizar una prohibición“

El abogado de la petrolera, Marc Fornacciari, ha expresado su desacuerdo "desde el punto de vista técnico" con la opinión del Constitucional. "Cuestionamos este argumento técnico y creemos que el principio de precaución no debe autorizar una prohibición", ha indicado el abogado a la televisión BFMTV.

Hollande prometió prohibir esta técnica

La sentencia supone un espaldarazo a la decisión del presidente francés, François Hollande, de prohibir la explotación de gas y petróleo de esquisto en nombre del principio de precaución, dados los elevados riesgos medioambientales que representa a su juicio.

"En el estado actual de conocimiento, nadie puede afirmar que la explotación de gas e hidrocarburos de esquisto por fractura hidráulica, única técnica conocida en la actualidad, esté exenta de riesgos importante para la salud y el medio ambiente", indicó Hollande en septiembre de 2012.

En el seno del Ejecutivo algunas voces, como la del ministro de Industria, Arnaud Montebourg, se han mostrado favorables a esta técnica, que ha permitido a países como EE.UU. reducir de forma importante su dependencia energética exterior.

Pero Hollande, que durante la campaña electoral que le llevó al Elíseo el año pasado prometió prohibir esta técnica, se ha mostrado siempre firme, lo que le ha valido el respaldo de los ecologistas, que sustentan su Gobierno y que cuentan, incluso, con dos ministros.

El Ejecutivo ha anulado hasta ahora los permisos de explotación de dos yacimientos, los de Nant y Villeneuve-de-Berg, de la petrolera Schuepbach, y otro de Total en Montélimar, también en el sur del país.

El diario económico francés Les Echos ha indicado que Schuepbach estaba dispuesta a demandar al Gobierno una indemnización de 1.000 millones de euros por el rechazo de su licencia, una información que se negó a confirmar el letrado de la compañía.

El ministro de Ecología, Philippe Martin, ha consierado la sentencia "una victoria jurídica, ecológica y política" del Gobierno, que "apuesta por la transición energética hacia las energías renovables".

Para el ministro, la decisión del Constitucional convierte en "jurídicamente inatacable" a la ley de 2011, reconoce "los riesgos para el medio ambiente" que representa esta técnica y avala la política gubernamental de reducción de consumo de hidrocarburos para reducir un 30% el uso de energías fósiles en el horizonte de 2030.