Empleados de bancos de Castellón afirman que el chófer de Fabra hacía ingresos en su nombre

• Los testigos aseguran que Fabra tenía cuentas en varias entidades
• El chófer confirma que hacer esos ingresos era parte de su trabajo

Varios empleados de entidades bancarias de Castellón que han testificado este viernes en el juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra han afirmado que el chófer de éste, José Salvador Campo, hacía periódicamente ingresos en efectivo y mediante cheque en su nombre.

Los empleados han declarado en la cuarta sesión del juicio, en la que también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, su exmujer, Monserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim.

Entre los testigos ha comparecido el empresario y amigo personal de Fabra y Fernández, Antonio Bonet, quien ha asegurado que avaló a Fabra en un préstamo de 400.000 euros, que finalmente abonó personalmente al no "poder hacer frente" Fabra a los pagos.

Este dinero, ha dicho, se lo reclamó a Fabra pero "sin éxito": "Luego vi que como no tenía posibilidad no le reclamé nada", ha agregado, y sin embargo, ha afirmado que siguen "siendo amigos".

Durante la sesión ha estado presente entre el público de la sala, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, condenado en la conocida como "causa de los trajes" del caso Gürtel.

Entre los testigos de este viernes han comparecido empleados de banca de diferentes entidades, quienes han manifestado que Carlos Fabra tenía cuentas en ellas, y que habitualmente era su chófer el que hacía los ingresos en su nombre.

25 años trabajando como chófer de Fabra

El chófer, José Salvador Campo, ha dicho que trabajó 25 años para Carlos Fabra, "24 horas al día" y que "sí entraba dentro de este trabajo" el llevar sobres a los bancos: "Hacía lo que me mandaba". Fabra "me daba un sobre y me decía: ingrésame esto en mi cuenta", ha testificado.

También ha asegurado que llevaba a Fabra a la sede de Naranjax, la empresa de Vilar donde el empresario también tenía el domicilio familiar, aunque ha negado que viera cómo se le entregaban "maletines" o que él fuera a recogerlos.

Por su parte, la ex directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente Pilar Máñez, que estuvo inicialmente imputada en la causa pero cuyo sobreseimiento se confirmó en 2012, ha dicho que asistió a una reunión tras una solicitud de Naranjax para pedir una autorización de gestión de residuos, en la que estuvo Fabra en su condición de presidente de la Diputación.

Además ha apuntado que era "habitual" que se recibiera a "empresarios acompañados de alcaldes o presidentes de diputaciones o mancomunidades".

Máñez ha dicho además que ella "no hizo ninguna gestión para conseguir la autorización para Naranjax", ni hubo "intento alguno" por parte de Fabra de conseguir algo para la empresa de Vilar.

Declaraciones de varios testigos

Las declaraciones de los diez primeros testigos han sido breves, llegando incluso a entrar en la sala una testigo propuesta por la Unión de Consumidores, que ejerce la acusación particular, sin que nadie le haya formulado preguntas.

A partir de las doce del mediodía han declarado cuatro testigos por videoconferencia desde Madrid, entre ellos la exdirectora de gabinete del Ministerio de Agricultura Catalina de Miguel, quien ha dicho que recibió una carta de Miguel Prim en la que "planteaba los problemas de Naranjax".

También ha prestado testimonio la exdirectora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad María Dolores Flores, quien ha asegurado que Prim "se interesó" por carta por los retrasos en la tramitación de unos fitosanitarios de Castellón, aunque ha dicho que le contestó que "no podía agilizar más los permisos", porque había retrasos para todos los productos debido a la falta de personal.

Otros testigos, que han manifestado ser amigos personales de Carlos Fabra, han afirmado que durante su época como presidente de la Diputación de Castellón no ejercía otra actividad profesional, aunque Fabra manifestó en su declaración que sí ejercía como corredor de seguros.

Uno de los testigos iba a ser interrogado en valenciano por el abogado de la UCE, pero el magistrado presidente ha pedido que "por educación" lo hiciera en castellano, ya que el fiscal Anticorrupción es de Madrid.

El juicio se reanudará el próximo martes con la declaración de quince testigos.

El miércoles comparecerán por videoconferencia en calidad de testigos el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el exsecretario de Estado de Hacienda Juan Costa y el diputado del PP Rubén Moreno.

La sesión del día 18 ha sido suspendida, la declaración de los peritos se producirá los días 22 y 23 y las conclusiones tendrán lugar el 29 y el 30 de octubre.