El Gobierno aprueba hoy la ley de defensa de consumidores y usuarios

• Busca mejorar la protección en las transacciones a distancia
• Amplía el plazo para poder renunciar o desistir del contrato

La ley de defensa de consumidores busca mejorar la protección en las transacciones a distancia

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios, que, entre otros objetivos, pretende mejorar la protección de los compradores en todas las transacciones a distancia.

En la reunión del Gabinete está previsto también que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presente un informe sobre los resultados de las actuaciones realizadas en materia de lucha contra el fraude.

A la habitual cita del Ejecutivo, que estará encabezada por su presidente, Mariano Rajoy, acudirán todos sus miembros excepto el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ese encuentra en Washington participando en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno ya tramitó el anteproyecto de la ley de defensa de los consumidores el pasado 19 de abril, y este jueves volverá este texto a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto y su envío al Parlamento.

Productos o servicios contratados a distancia

El proyecto determina que el usuario siempre tendrá acceso al precio final de un producto antes de que concluya su compra por internet, y amplía el plazo para poder renunciar o desistir del contrato al aumentar de los siete días hábiles actuales a catorce naturales.

La norma incorpora un formulario de desestimiento común en Europa que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto a la información previa al contrato.

Además, entre otras medidas, regula que en caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de la misma no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.

Según el Instituto Nacional de Consumo, la nueva ley ayudará a reducir a la mitad el número de reclamaciones sobre productos o servicios contratados a distancia.