La lucha contra el fraude recauda 22.500 millones en 18 meses, 3.161 por cobro de paro "indebido"

• Se le ha retirado la prestación por desempleo a más de 500.000 personas
• "Estoy hablando de personas que cobran la prestación y trabajan en B"
• Sáenz de Santamaría: por fraude fiscal se ingresaron 16.500 millones
• Otros 6.152 millones de euros, por ahorros en fraudes a la Seguridad Social
• Los datos abarcan del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013

La lucha contra el fraude recauda 22.500 millones en 18 meses

Evolución de los beneficiarios

Según los datos de Empleo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados en junio de 2013 ascendían a 2.881.379, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.062.396.

El Gobierno ha dado cuenta del impacto de económico del plan de lucha contra el fraude. Según ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha supuesto más de 22.500 millones de euros durante ese periodo de tiempo. De esta cifra, 16.500 millones se han ingresado en la lucha por fraude fiscal y 6.152 millones en ahorros procedentes de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

Sáenz de Santamaría ha querido destacar la importancia del ahorro que se ha producido en materia fraude por desempleo. Según la vicepresidenta del Gobierno, se han efectuado comprobaciones que han afectado a más de medio millón de personas al la que se ha dejado de pagar la prestación, lo que ha ahorrado a las arcas públicas 3.161 millones de euros en ese periodo de tiempo.

En concreto se ha determinado que había 520.572 de "perceptores indebidos" de prestaciones por desempleo. Es decir, que estaban cobrando indebidamente la prestación por desempleo, por lo que se le ha retirado la prestación. "Estoy hablando de personas que cobran la prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo", ha afirmado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría: Se han detectado 520.000 personas que cobran la prestación por desempleo y que trabajan en

Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado a Europa Press que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas. En la reseña del Consejo de Ministros, se asegura que la mayoría de los 520.572 perceptores sancionados lo han sido por el incumplimiento de requistos como la ausencia de comunicación de rentas o prestaciones, así como la no renovación de la demanda de empleo.

Endurecer las leyes

Cuestionada por la prensa sobre si el Gobierno pensaba hacer alguna modificación legislativa "con medio millón de parados cobrando una prestación ilícita y el 20% de las ofertas de trabajo rechazadas", la vicepresidenta ha recordado que ya se endureció la normativa.

Sáenz de Santamaría: Se reforzarán las medidas y consecuencias derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazadas, la prestación por desempleo se extingue.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que en 2014 el Ministerio de Empleo presentará una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Empleo, al mismo tiempo, está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, según ha avanzado la también portavoz del Gobierno.

Aumentar bases imponibles

A estos datos, la vicepresidenta ha incidido en que hay que añadir el efecto "fundamental" que tiene en la recaudación el ensanchamiento de las bases imponibles por la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo y que supuso el afloramiento de 40.000 millones de euros. Por la regularización se ingresó 1.192 millones de euros, la mitad de lo previsto por el Gobierno.

Además, ha indicado que la regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 contribuyentes.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha querido destacar que el montante que se recaude por estas bases, y que se tiene que producir en 2013, "no se contabilizará por lucha contra el fraude, sino que son ingresos de naturaleza habitual".

En este sentido, ha recordado que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,1% el año pasado y han superado con creces las expectativas del primer semestre de 2013, por lo que el Gobierno hace una "valoración muy positiva".

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas por diferentes formas de fraude.

Empleo matiza a la vicepresidenta y el PSOE pide su comparecencia

Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno ha expuesto el informe sobre los resultados de las actuaciones en materia de lucha contra el fraude "en el último año y medio". Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado las actuaciones de todos los ámbitos, como el fraude fiscal o las rentas afloradas por la amnistía fiscal, pero ha querido destacar los datos del fraude de prestaciones por desempleo.

"Pero como dato también muy significativo, el control en materia de fraude de prestaciones por desempleo. Estoy hablando de personas que cobran la prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros por esa cuantía", ha afirmado en la tercera ocasión a la que se ha referido a este tipo de fraude.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha matizado las palabras de la vicepresidenta. Fuentes ministeriales han señalado a TVE que el estudio recoge los datos del año 2012 y primer semestre de 2013. Y han especificado el número total de desempleados a los que se les ha retirado la prestación de forma definitiva y de forma temporal.

   
• Retirada total de la prestación a 159.789 personas, de ellas 99.789 en 2012 y 60.000 de enero a junio de 2013. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Empleo descubre que un parado cobra la prestación y, al mismo tiempo, está trabajando y cobrando una remuneración en B. También cuando rechaza tres ofertas de empleo adecuadas.

   
• Retirada parcial de la prestación a 356.864 personas, de ellas 236.864 en 2012 y 120.000 de enero a junio de 2013. Puede ser de un mes, de tres meses o de seis meses. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se renueva a tiempo la demanda de empleo. También cuando se rechaza una o dos ofertas de empleo adecuadas.

Inmediatamente después, el PSOE ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno por "acusar de fraude a medio millón de parados de forma falsa". En un acto en el que no se han podido hacer preguntas por parte de la prensa, el diputado Pedro Sánchez ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia urgente de Sáenz de Santamaría "para que aclare por qué acusa al 20% de los desempleados de cobrar en B". "Los que cobran en B no son los parados", ha dicho Sánchez, que ha animado a la portavoz del Gobierno a preguntar en Génova cuánta gente ha cobrado en B allí.

Sáenz de Santamaría: Se han detectado 520.000 personas que cobran la prestación por desempleo y que trabajan en

Independientemente de todo lo anterior, cuando se demuestran que alguien cobra el subsidio de forma irregular porque tenían empleo, estas personas no debían estar inscritas en los Servicios Público de Empleo (SEPE). La detección del fraude provoca la salida de las personas de las listas, lo que impactaría en los datos de paro registrado.