La juez de los ERE imputa tres delitos al exdiputado socialista Ramón Díaz

• Los delitos son de malversación, prevaricación y tráfico de influencias
• El fiscal pide una fianza de responsabilidad civil de dos millones
• El TSJA de Andalucía y Torres-Dulce censuran los abucheos que recibió Alaya

Los detenidos en la operación Heracles, en libertad aunque acusados de varios delitos

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este viernes presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias al exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.

Alcaraz se ha acogido a su derecho a no declarar y a continuación la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros.

Díaz Alcaraz está acusado de haber hecho valer sus influencias como asesor de la Dirección General de Trabajo de la Junta para introducir varios intrusos en la empresa sevillana Saldauto.

En un comunicado entregado a los periodistas, el abogado de Díaz Alcaraz ha manifestado su "absoluta inocencia en este caso, de la cual existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación en todos los hechos relacionados con el caso de los ERE".

El TSJA, Gobierno y Torres-Dulce censuran los abucheos que recibió Alaya

Por su parte, Alaya ha recibido el respaldo del Gobierno, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras los abucheos de sindicalistas que sufrió el pasado jueves frente a la sede judicial.

La magistrada fue abucheada a su llegada a los juzgados de Sevilla por un grupo de sindicalistas en una acción que para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  "no es admisible en ninguno de los casos".

La vicepresidenta ha pedido que se respete la labor de la juez y ha emplazado a los sindicalistas a "respetar las resoluciones judiciales" y si no están de acuerdo, ha precisado "ahí está la vía del recurso, no la del recurso del abucheo".

En la misma línea se ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha señalado que esta actitud "revela una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de derecho". Además, señala que las actitudes eran "cercanas al acoso" y que hubo "injustificables descalificaciones personales".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también ha censurado los abucheos y ha resaltado la "imparcialidad" e "independencia" con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.

Torres-Dulce ha recordado que la tramitación de un proceso judicial debe estar "exenta de cualquier tipo de presión o manifestación" y se ha mostrado convencido de que los abucheos no van a afectar a la independencia, objetividad e imparcialidad de la juez Alaya.