La Justicia italiana decide si juzga a militares suramericanos por la Operación Cóndor

• Entre los 35 imputados hay expresidentes y mandos de seguridad
• La Fiscalía les acusa del asesinato de 23 italianos
• La investigación del Proceso Cóndor ha durado trece años

La Justicia italiana decide si juzga a militares suramericanos por la Operación Cóndor

La Justicia italiana decide este viernes si encausa a 35 imputados por la muerte de ciudadanos italianos durante la Operación Cóndor, el plan conjunto de las dictaduras de América del Sur para acabar con la oposición.

Los imputados en el llamado Proceso Cóndor son 2 bolivianos, 4 peruanos, 12 chilenos y 17 uruguayos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según consta en la demanda fiscal.

La Fiscalía les acusa de varios delitos, entre ellos homicidio, masacre y secuestro.

Trece años de investigación

La audiencia preliminar tendrá lugar en Roma trece años después del cierre de la investigación iniciada en 1998 por el fiscal Giancarlo Capaldo, en la que se dedicó a recoger información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las mencionadas operaciones de represión.

El Partido Democrático de Italia (PD) ha anunciado que se constituirá como parte civil en la causa, y que proporcionará asistencia legal a las familias de las víctimas, al tiempo que expresó su intención de facilitar que incluso puedan acudir a Roma para seguir en vivo el juicio.

El secretario del PD, Guglielmo Epifani, dijo en una rueda de prensa que "la batalla para defender los principios de la libertad y la no violencia es tan válida hoy como ayer", y consideró necesaria la labor de su partido para "mantener la memoria del sacrificio de las víctimas italianas".

Expresidentes y jefes de seguridad entre los imputados

En la lista inicial de 140 personas figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños y 7 bolivianos se reduce a una treintena de imputados debido al fallecimiento de varios de los investigados, entre otros motivos.

Los bolivianos para los que se ha pedido la apertura de un juicio son el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Los acusados uruguayos son los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, Jose Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira.

Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

La Operación Cóndor, un plan ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia.