El juez Ruz imputa a siete directivos de la ejecutiva de Caja Castilla La Mancha

• Les acusa de aprobar operaciones singulares que perjudicaron a la entidad
• El Banco de España cifra el agujero patrimonial de la caja en 267 millones

Una sucursal de Caja Castilla-La Mancha.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla-La Mancha (CCM) que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad.

En un auto notificado este martes, el magistrado cita a los imputados para tomarles declaración los próximos días 20 y 21 de noviembre, ofrece al actual Banco de Castilla La Mancha personarse como perjudicado y requiere a los peritos para que "confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen" las conclusiones alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012.

El Banco de España ha cifrado en uno de sus informes periciales el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de euros.

Los imputados ahora son los vocales de la citada comisión Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante y el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo.

Administración desleal

Según la Fiscalía, la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones singulares" podría constituir un delito societario de administración desleal.

Hasta ahora, el único miembro de la ejecutiva imputado en la causa era el expresidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, pero el juez señala que los ahora imputados también participaron "en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada".

La investigación sobre las supuestas irregularidades en CCM se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo en representación del PP.

La caja castellanomanchega fue la primera entidad española en ser intervenida después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros y, posteriormente, se adjudicó en subasta a Cajastur, ahora integrada en el grupo Liberbank.