Bruselas investiga si el impuesto de sociedades de Gibraltar infringe normas comunitarias

• Cree que favorece a las empresas extraterritoriales que no están en el Peñón
• Examinará por qué determinados ingresos pasivos no están sujetos al impuesto
• Margallo dice que "es una magnifica noticia" y Gibraltar se siente "satisfecho"

Bruselas abrirá expediente a Gibraltar porque su impuesto de sociedades puede violar la ley

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles que ha abierto una investigación en profundidad sobre el régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar,  que había denunciado España en junio de 2012, al sospechar que puede estar infringiendo las normas comunitarias de ayudas de públicas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado que "es una magnifica noticia que  viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española viene  haciendo en este terreno desde hace tiempo". Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado sentirse "satisfecho" con la  investigación. 

La CE ha especificado que verificará si el sistema gibraltareño favorece "selectivamente a determinadas categorías de empresas", lo que iría en contra de las reglas comunitarias, pues sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas  indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia  real en el Peñón.

La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que  dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España  en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha  realizado un análisis preliminar. El régimen reduce del 22% al 10% el  impuesto de sociedades y según el Gobierno beneficia a las empresas  que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su  actividad en España.

Investigación de determinados ingresos pasivos

Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos  pasivos, tales como los cánones y ciertos tipos de intereses, no  están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de  la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las  partes de presentar observaciones.

En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario  considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de  intereses y cánones podría constituir una ayuda estatal porque se  aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría  conceder una ventaja especial para las empresas que producen este  tipo de ingresos.

La Comisión cree que no existe una "justificación válida" para  estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen  el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas,  pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes.

Por su parte, Margallo ha señalado que espera que "termine con un procedimiento de infracción, es decir que se conmine a  Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente  perjudicial para las sociedades españolas".

Mientras, el Gobierno gibraltareño ha explicado en un comunicado de prensa, que la investigación se refiere "solo a dos  aspectos limitados" de su "régimen fiscal de ayuda estatal a las  empresas". Además, ha señalado que se pueden "adoptar medidas legislativas con  rapidez con el fin de resolver los problemas que preocupan a la Comisión  Europea".

El ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo ha indicado que lo que es "significativo" para ellos de la iniciativa es que "ha aceptado el sistema de territorialidad  como sistema de referencia". "Esto es una buena noticia para Gibraltar",  asegura.

"Hemos colaborado con la Comisión Europea durante el último año y ya les hemos entregado una cantidad considerable de información",  ha explicado antes de detallar que el motivo de la investigación "tan solo afecta a dos elementos puntuales del impuesto de sociedades".

Bruselas declaró ilegal el anterior régimen del impuesto de sociedad

Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del  impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia  de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas  concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin  trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del  impuesto.

La apertura de expediente por parte de Bruselas se produce tras la  escalada de tensión entre las autoridades españolas y las  gibraltareñas el pasado verano a raíz del lanzamiento por parte del  Peñón de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, que impiden  faenar a la flota española, y el subsiguiente endurecimiento de los  controles fronterizos por parte de España.

El Ejecutivo comunitario envió el pasado 25 de septiembre una  misión de inspectores a Gibraltar para verificar la legalidad de  estos controles y las acusaciones españolas de contrabando, que  todavía no ha publicado sus conclusiones. En paralelo, Bruselas  examina las denuncias medioambientales presentadas por Madrid contra  las autoridades del Peñón.