Estrasburgo bloquea el desalojo de 43 personas que ocupan un edificio del 'banco malo' en Girona

• Aplaza el desalojo de 16 familias de Salt por un recurso de la PAH
• Miles de personas se concentran en apoyo a los desahuciados 

Una activista de la PAH en apoyo a las familias de Salt

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha paralizado  cautelarmente el desalojo previsto para este miércoles de un bloque  de viviendas de Salt en Gerona, ocupado desde marzo y en el que viven 43  personas, 21 adultos y 22 niños.

Lo ha hecho después de que la Plataforma de Afectados por la  Hipoteca (PAH) presentara un recurso ante el tribunal europeo, que ha  aplazado el desalojo como mínimo hasta el 29 de octubre, ha informado  la plataforma.

El abogado de la defensa, Benet Salellas, ha explicado que el  tribunal europeo pide al Gobierno central "qué medidas piensa tomar"  con las personas que viven en el edificio si son desalojadas, y le ha  dado hasta el 29 de octubre para dar una respuesta.

Recurso de la PAH

Salellas ha celebrado que se trata de un "precedente" por vía  penal que puede ayudar a paralizar situaciones similares al edificio  de Salt, propiedad de la Sareb, el llamado "banco malo".

Cerca de un millar de personas se había concentrado a las puertas  del edificio ocupado en Salt, entre ellos diputados de ICV-EUiA y la  CUP, y la plataforma ha agradecido la movilización.

La decisión de posponer el desahucio ha sido acogida con gran alegría, cánticos e incluso con lágrimas por centenares de personas que desde anoche se han ido concentrando en apoyo de estas 16 familias que viven en este bloque ocupado, y que tenían una orden judicial de abandonarlo antes de las 09.30 horas de esta mañana.

La Sareb, propietaria del inmueble, había solicitado el pasado mes de agosto el desalojo del bloque de viviendas, medida que finalmente fue acordada por la Audiencia de Girona, que fijó la ejecución del desalojo para este miércoles.

El abogado Benet Salellas recurrió ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que paralizara temporalmente el desalojo, medida que ha sido aceptada por este organismo europeo hasta el 29 de octubre, mientras pide al gobierno español que le informe antes del día 24 sobre la situación en la que se encuentran los habitantes de este inmueble, un total de 43 personas entre los que hay 21 niños, según recoge EFE.