Arranca el juicio sobre las 'herriko tabernas' con la petición de la Fiscalía de apartar a dos acusados

• Se juzga a 36 acusados por financiar supuestamente a ETA
• La Fiscalía pide que se declare prescrito el delito para Iraeta y Egido
• Piden 12 años para los exdirigentes de Batasuna Permach y Exteberria
• Otegi, Elkoro, Garmendia y Cortazar sortearon la acusación inicial

La Audiencia Nacional juzga la supuesta financiación de ETA a través de las herriko tabernas

El juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas' ha arrancado en la Audiencia Nacional con la petición del fiscal de apartar del proceso a dos de los acusados por la prescripción del delito de pertenencia a ETA por el que se enfrentaban a una pena de 10 años de cárcel.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado que se declare prescrito  el delito para Josu Iraeta y José  Antonio Egido. El proceso comienza 11 años después de que el juez Baltasar Garzón empezara a instruir el sumario y tras la exclusión de este proceso del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que ya está condenado por el caso Bateragune. 

Mientras, en el turno de las cuestiones previas del juicio,  los abogados de la defensa han pedido que ocho acusados puedan  ausentarse del juicio por encontrarse enfermos o porque tienen que  atender a familiares a su cargo. El abogado defensor de 13 de los acusados, Iñigo Iruin, ha coincidido con el fiscal en solicitar que se declare extinguida la responsabilidad penal de Iraeta.

Los jueces se han puesto como fecha límite el próximo lunes para decidir si acuerdan la prescripción de los hechos atribuidos a Iraeta y Egido, mientras los médicos forenses tiene previsto evaluar este viernes a los cuatro acusados que han alegado sufrir una enfermedad grave: José Luis Franco, Vicente Enecotegi, Juan Carlos Rodríguez y Andrés Larrea, para tomar una decisión al respecto.

El juicio sigue para los 36 acusados

Además, la abogada Jone Goirizelaia ha solicitado que dos de los acusados, Miren Jasone Manterola y Esther Aguirre, puedan ausentarse por tener familiares a su cargo, una petición sobre la que los magistrados tomarán una decisión este viernes. El fiscal Vicente González Mota y las acusaciones populares se han manifestado en contra al tratarse de un proceso por hechos que llevan aparejadas penas de gravedad.

Dos de los acusados, Santiago Hernando y Joseba Álvarez se han ausentado en la primera sesión del juicio. Los magistrados esperan que Hernando, que no ha asistido debido al fallecimiento de un familiar, pueda estar presente el lunes. En cuanto a Joseba Álvarez, que recientemente se ha sometido a una operación, su defensa ha solicitado que se le juzgue más adelante, sin embargo el tribunal ha acordado continuar el juicio para todos los acusados y decidirá sobre su situación en función de cómo evolucione.

Este juicio, que está previsto que se prolongue hasta febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), sentará en el banquillo a 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada, que se enfrentan a una petición fiscal de penas de entre ocho y 12 años por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada.

La causa se sigue, además, contra 110 'herriko tabernas' declaradas responsables civiles subsidiarias. El tribunal ha considerado que no es necesario que sus representantes acudan a todas las sesiones del juicio.

El fiscal pide diez años de cárcel para 18 acusados

Entre los acusados destacan los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach (actual dirigente de la coalición EH-Bildu, que previsiblemente declarará este mismo jueves) y Rufino Etxeberria, para los que la Fiscalía pide 12 años de cárcel, los mismos que había solicitado, antes de excluirlos de este proceso, para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón.

El fiscal solicita diez años de cárcel para otros 18 miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, dos menos que en un principio tras la petición de apartar a Iraeta y Egido, mientras que para los imputados restantes reclama ocho años de prisión por colaboración.

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y en 2010 la Fiscalía remitió a la sección segunda de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna.

Pese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusa ya solo a 36, ya que Jon Idígoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008

Un juicio sin Otegi, ya condenado

El macrojuicio, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, está previsto que dure cinco meses. El tribunal ha fijado hasta el 18 de noviembre la fase testifical de la vista, en la que no está incluido el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.

Tanto él como José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Cortazar han sorteado la acusación después de que la Sala estimara la excepción de cosa juzgada en los cuatro casos. Es decir, se ha considerado que no se puede volver a juzgar a ninguno de ellos por integración de banda armada.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión por pertenecer a ETA en el conocido como caso Bateragune, proyecto destinado a la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. El Supremo redujo la pena a seis años y medio de cárcel, y la condena está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las 'herriko tabernas' movían 15 millones al año

El patrimonio de las 'herriko tabernas', a través de las cuales presuntamente se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.

Para evitar riesgos patrimoniales, las titulares de la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las 'herriko tabernas' eran las respectivas asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA", indica el escrito de acusación.

Con ello, recalca el fiscal, se conseguía separar totalmente las actividades de los locales para evitar problemas de ilegalización política y posibles embargos judiciales.

Asimismo, estos establecimientos eran utilizados como fuente de financiación al servicio de ETA, que los consideraba como un "lugar idóneo" para la actividad orgánica de las organizaciones de su entorno "para el reclutamiento de nuevos terroristas", el depósito temporal de armas y explosivos y la captación de información sobre posibles objetivos.

El núcleo director de las 'herriko tabernas' estaba compuesto, según la Fiscalía, por los acusados Juan Ignacio Lizaso (coordinador en Guipúzcoa), Juan Francisco Martínez Betanzos (en Vizcaya), Jaione Intxaurraga (en Álava), Joseba Imanol Cortázar (en Navarra), Jon Gorrotxategi, Patxi Jagoba Bengoa e Idoia Arbelaiz.