La reforma local continúa tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad en el Congreso

• El proyecto de ley sigue adelante con los votos favorables del PP y UPN
• Pasará a una Comisión y cuando se apruebe será tramitada en el Senado
• Montoro calcula que en un año habrá un nuevo sistema de financiación local
• La oposición critica el proyecto y que el Gobierno no sume más apoyos

Cristóbal Montoro, durante el debate del proyecto de reforma local en el Congreso.

La reforma local seguirá su tramitación en en las Cortes Generales tras haberse rechazado esta tarde por el Pleno del Congreso todas las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno.

El PP y UPN han votado en contra de las nueve enmiendas -se habían presentado diez, pero el PNV retiró la suya en el último momento al obtener garantías del Gobierno de respeto a la foralidad, entre otras cuestiones-, mientras que el resto de los grupos lo ha hecho a favor, a excepción del Foro de Asturias, que se ha abstenido.

Además, se ha rechazado que el proyecto de ley vuelva al Pleno, por lo que será remitido a la Comisión correspondiente con competencia legislativa plena y, cuando se apruebe, será remitido directamente al Senado.

Corregir "disfunciones, duplicidades y concurrencia"

Por su parte, en la presentación de la reforma, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado que la Constitución no hace una referencia explícita a las competencias municipales y que ha sido el Tribunal Constitucional, a través de numerosas sentencias, quien ha atribuido al legislador estatal el fijar las bases y sus competencias.

Esta situación, ha añadido, ha dado lugar a "ciertas disfunciones, duplicidades y concurrencia" de competencias o a que los ayuntamientos presten servicios sin tener el "título competencial", lo que la reforma va a corregir.

“La reforma corregirá "disfunciones, duplicidades y concurrencia" de competencias, defiende Montoro“

El ministro ha asegurado que la intención del Ejecutivo es contar con un nuevo sistema de financiación local en un año, para consolidar las cuentas de las corporaciones locales.

Insistiendo en la máxima "una competencia, una administración", Montoro considera que la reforma es respetuosa "al extremo" con las competencias de las autonomías y con las especificidades del País Vasco, Navarra, Madrid, Barcelona, Ceuta, Melilla y la división comarcal.

Se ha referido a la potenciación de las diputaciones como garantes de la prestación de los servicios, especialmente, en los municipios pequeños y al abaratamiento de costes que ello supondrá.

Casi toda la oposición pide la retirada de la reforma

En sus intervencionesl, los grupos de la oposición han criticado el proyecto y todos, salvo PNV y UPN, han reclamado que se retire por creer que ni ahorrará ni simplificará la administración y supondrá un desmantelamiento y privatización de los servicios públicos.

Por el PSOE, Gaspar Zarrías ha pedido la retirada de la propuesta por ser "inconstitucional, tremendamente torpe y en muchos casos inaplicable" y ha reiterado la intención de su formación de llevar la reforma al Constitucional y de derogarla en cuanto vuelvan al Gobierno. Ha acusado a Montoro, a quien se ha referido como el "señor mentira", de querer convertirse en el "alcalde mayor del reino".

El alcalde de Roses (Girona), Carles Páramo, de CiU, ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, y considera la norma "una traición a los municipios", así como una "nueva traición a Cataluña" y una "cortina de humo y engaño". 

También Izquierda Plural ha pedido la retirada de lo que ha denominado como "contrarreforma", con la que el Gobierno pretende "la vuelta al caciquismo y al elitismo", lo que tendrá "efectos letales para la ciudadanía". "Ni los suyos la quieren", ha apuntado la diputada de IU Ascensión De las Heras. 

Por el PNV, Pedro Azpiazu ha criticado buena parte de la ley, como su fundamento de "una administración, una competencia", pero se ha centrado en reclamar sobre todo respeto al régimen foral vasco, que puede llegar a excluir en materia de régimen local la aplicación en Euskadi de la legislación estatal. 

Rosa Diez, líder de UPyD, ha alabado con ironía a Montoro por conseguir la unanimidad de la oposición contra la ley y ha pedido la retirada del proyecto porque no responde "a las necesidades del país, que son los ciudadanos" y está hecho "para mantener el bipartidismo y el control clientelar de las entidades locales". 

Por el Grupo Mixto, los diputados de Geroa Bai, Coalición Canaria, BNG, ERC y Amaiur también han calificado la ley de "desahucio competencial de los ayuntamientos", "injusta e innecesaria" y un intento de profundizar en "el proceso privatizador" y "centralizador" por parte del Estado.

Solo UPN y Foro han defendido "el camino de la cooperación" y el diálogo para mejorar la reforma presentada por el Gobierno frente al "rechazo frontal" protagonizado por otros partidos de la posición.

Alcaldes del PSOE, en contra de la reforma; del PP, a favor

Un grupo de alcaldes y concejales del PSOE que ha asistido este jueves al debate en el Congreso ha escenificado su oposición a esta reforma con un  encuentro presidido por la  vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano.

Valenciano ha considerado que "hace falta una reforma local, pero no esta", una reforma que "el PP emprende contra todo y contra todos, una vez  más imponiendo exclusivamente su criterio", ha apuntado, antes de  reprobar la forma y el fondo del proyecto legislativo, desde el  convencimiento de que "si algo debe ser objeto de consenso" es un cambio  de este tipo.

En paralelo, una treintena de alcaldes del PP, entre los que estaban las alcadesas de Madrid, Ana Botella, y Valencia, Rita Barberá, han hecho visible su apoyo a la reforma local en una reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha asegurado tras este encuentro que "no hay nada" en esta ley que haga pensar, "ni siquiera de lejos", que pueda producirse una privatización de los servicios, como denuncia la oposición, y que los aspectos que los municipios rechazaban fueron retirados y no están en el proyecto.