El Tribunal de la UE avala la tasa española a las eléctricas por vender derechos de emisión

• Una sentencia confirma la legalidad de la normativa española
• Se gravan los ingresos por vender derechos de emisión que se conceden gratis
• Las compañías eléctricas consideraban que no se debía tasar esos ingresos

El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que el Gobierno puede gravar a las eléctricas por los ingresos que obtienen de vender los derechos de emisión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la normativa española que tasa a las compañías eléctricas por comerciar con derechos de emisión obtenidos gratuitamente está en línea con el derecho comunitario.

La corte, con sede en Luxemburgo, considera que la ley española no pretende imponer, a posteriori, una carga por la asignación de los derechos de emisión, sino paliar los efectos de las ganancias inmerecidas a que da lugar la asignación gratuita de derechos de emisión en el mercado eléctrico español.

España impuso en 2006 a las compañías eléctricas una tasa por los ingresos obtenidos en el mercado por los derechos de emisión que reciben gratuitamente en el marco de la directiva de 2003, que creó el régimen europeo de derechos de emisión de gases.

Las empresas Iberdrola, Gas Natural, Bizkaia Energía, Bahía de Bizkaia Electricidad y E.ON interpusieron recursos contra esa medida, al considerar que pueden beneficiarse de los derechos obtenidos gratuitamente dado que la directiva reconoce que, aunque se concedan gratis, tienen un valor económico y pueden ser comerciados.

Consulta del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, que analiza el caso, preguntó a la corte europea si la ley española respeta la directiva, al reducir la retribución por la producción de electricidad en función del incremento de los beneficios conseguido por la obtención gratuita de derechos de emisión.

En su sentencia, la corte comunitaria señala que dicha directiva no es contraria a que los Estados miembros puedan, en principio, adoptar medidas de política económica como el control de los precios que se fijan en los mercados de algunos bienes o recursos esenciales, determinando la manera de repercutir a los consumidores el valor de los derechos de emisión. En cualquier caso, precisa que tales medidas no pueden neutralizar el principio de asignación gratuita de los derechos de emisión ni menoscabar los objetivos de la directiva.

Por otra parte, la corte indica que la asignación gratuita de derechos de emisión no tenía por objeto conceder subvenciones a los productores, sino mitigar el impacto económico de la introducción inmediata y unilateral por la UE de un mercado de derechos de emisión, evitando una pérdida de competitividad en determinados sectores.

Ganancias inmerecidas de las compañías 

Apunta, sin embargo, que la presión competitiva no ha sido lo suficientemente fuerte como para limitar la repercusión del valor de los derechos de emisión en el precio de la electricidad, dando lugar así a que los productores de energía eléctrica obtengan ganancias inmerecidas.

También afirma que esta normativa no afecta al mercado de derechos de emisión, sino a las ganancias inmerecidas, y especifica que las empresas pueden utilizar los derechos de emisión que se les ha asignado gratuitamente para su actividad de producción de energía eléctrica, o venderlos en el mercado de derechos de emisión.

Finalmente, el tribunal constata que la ley española no perjudica el objetivo medioambiental de la directiva: incentivar la reducción de las emisiones.