Reducen la pena de inhabilitación de Berlusconi de cinco a dos años

• Debido a una condena por fraude fiscal en el caso Mediaset
• Para la aplicación de la condena, debe ser aprobada por el Parlamento

El Tribunal de apelación de Milán ha reducido este sábado de cinco a dos años la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público a la que había sido condenado el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi por fraude fiscal en el caso Mediaset.

En la audiencia, los jueces del Tribunal de apelación acogieron la petición de la fiscal Laura Bertolè, quien determinó que la pena de inhabilitación de los cualquier cargo público que se tenía que aplicar era de dos años.

El máximo periodo de inhabilitación que recoge la ley italiana por este tipo de delitos es de uno a tres años.

Los abogados de Berlusconi, Niccolò Ghedini y Roberto Borgogno, habían pedido al juez que se considerase la mínima pena de inhabilitación, un año, visto que el expresidente del Gobierno no tiene antecedentes penales.

Ahora los abogados de Berlusconi podrán recurrir de nuevo al Supremo sólo este nuevo cálculo de inhabilitación para conseguir una rebaja.

Condena firme

Berlusconi fue condenado en firme por el caso Mediaset, en el que juzgaba la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte de Mediaset -el grupo audiovisual de Berlusconi- entre 1994 y 1999 con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

Para que la condena pueda ser aplicada se necesita la aprobación por parte del Parlamento ya que goza de la inmunidad como senador.

El pasado día 4, la Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano decidió, por mayoría, llevar la cuestión de la expulsión de Berlusconi al pleno de la Cámara Alta, en una fecha aún por determinar.

Si el Parlamento aprueba la expulsión de Berlusconi, este quedará inhabilitado por dos años de cualquier cargo público, así como estará en arresto domiciliario durante un año con el permiso para realizar trabajos sociales, tal y como han solicitado sus abogados.

Tras la petición de los trabajos sociales, la experiencia es que en este tipo de casos el Tribunal de Vigilancia penitenciaria tarda cerca de seis meses en dictaminar su decisión.