Diez acusados de las 'herriko tabernas' niegan que colaboraran con ETA y que financiaran a la banda

• Además, aseguran que es  "imposible" que financiasen "nada"
• Se juzga a 34 acusados por financiar supuestamente a ETA
• Los acusados se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años de cárcel

Vista general de la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, el pasado 17 de octubre.

La decena de acusados que han declarado este lunes en el juicio de las 'herriko tabernas' han negado haber colaborado o haber recibido órdenes de ETA u otras organizaciones vinculadas a ella. Además, han asegurado que es "imposible" que financiasen "nada" y han negado que las empresas en las que muchos de ellos trabajaban actuaran como tapadera para sufragar la actividad terrorista.

Así lo han expresado varios de los acusados por financiar a ETA a través de las 'herriko tabernas', durante la tercera jornada del juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Los acusados se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años de cárcel por pertenencia o colaboración con organización terrorista.

Los diez procesados se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones, aunque sí lo han hecho a las de sus defensas. Los imputados lucían pegatinas en las que se podía leer "Libre. No más juicios políticos".

Los acusados han comenzado sus intervenciones negando haber pertenecido o colaborado con ETA. Además, han subrayado que es "imposible" que Batasuna diseñara una red de tabernas populares puesto que son sociedades de "índole muy diversa".

Organizaban quinielas y tómbolas para conseguir fondos

No obstante, han admitido que Euskal Herritarrok utilizó sus locales  para su actividad política y han añadido que la situación económica de  las 'herrikos' era "deficitario", por lo cual organizaba quinielas y  tómbolas para recaudar fondos. "Era imposible que estas asociaciones  financiasen nada", han añadido.

Juan Ignacio Liuzaso, uno de los acusados, ha negado ser el coordinador de las 'herrikos tabernas' en el País Vasco y ha precisado que trabajó en el área económica de Euskal Herritarrok.

Según ha avanzado Lizaso, las 'herriko tabernas' están gestionadas por asociaciones sin ánimo de lucro. Además, ha reconocido que en algunas de ellas había militantes de la izquierda abertzale por su cercanía ideológica a un modelo independentista y de izquierdas.

Por su parte, Patxi Abengoa, ha negado ser el coordinador de las 'herriko tabernas' de la provincia de Vizcaya y ha apuntado que también trabajó para Euskal Herritarrok.

La acusada Jaione Inchaurraga ha negado ser la coordinadora en Navarra y ha destacado que entre 1999 y 2002 su labor como secretaria del grupo parlamentario de Euskal Herritarrok le exigía moverse para mantener reuniones en diferentes lugares del País Vasco y Navarra.

Otro de los procesados, Enrique Alaña, ha subrayado que "nunca" participó en reuniones con personas vinculadas a ETA. Alaña también ha negado haber tenido un control contable, administrativo y económico de las 'herriko tabernas' y ha reconocido que entre 1993 y 1999 trabajó en una empresa de asesoramiento y que uno de sus clientes era Herri Batasuna.

Además, ha negado haber diseñado un plan para que funcionaran como asociaciones culturales. No obstante, ha admitido haber recibido consultas para solucionar algunos problemas de estas entidades desde el punto de vista legal.

El tribunal excluye a dos acusados por haber prescrito sus delitos

El juicio continuará el próximo martes contra los 34 miembros de Batasuna juzgados por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, después de que este lunes el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, estimara la petición de las defensas de excluir a dos de los 36 acusados en el juicio.

El fiscal había admitido la petición de las defensas de los dos procesados, Josu Iraeta y José Antonio Egido, que arumentaron que sus delitos estarían prescritos porque en 2002, cuando empezó la investigación, hacía más de diez años que habían dejado sus actividades en plataformas vinculadas a ETA.

La vista comenzó la pasada semana, más de 11 años después del comienzo de la investigación, iniciada tras la detención de una decena de personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales en el año 2002.