Las víctimas de delitos graves podrán recurrir la libertad condicional y permisos de sus agresores

• En los delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual
• El Estatuto de la Víctima coincide con la sentencia que anula la 'doctrina Parot'

El consejo de Ministros aprueba el estatuto de la víctima del delito

Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y beneficios penitenciarios de sus agresores, según el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El proyecto contempla esta posibilidad para las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual penados con más de cinco años de cárcel, es decir, la mayoría de los delitos graves, o cuando se traten de hechos que puedan derivar una situación de peligro para la víctima.

El anteproyecto de ley de Estatuto de las Víctimas, al que se ha dado luz verde este viernes, pretende así aumentar la protección de la víctima a lo largo del proceso penal, como la posibilidad de recurrir el archivo o sobreseimiento de los casos aunque no estén personadas en el procedimiento judicial.

Recurrir archivos y conocer medidas cautelares

Las víctimas podrán recurrir los sobreseimientos en los 20 días siguientes, un plazo muy superior al  establecido hasta ahora de tres y que suponía en la práctica que se  dificultaran extraordinariamente estas impugnaciones porque era  prácticamente imposible personarse e interponer el recurso en tan poco  tiempo.

El Estatuto garantiza la posibilidad de recurrir también a los afectados que no se hayan personado anteriormente en el proceso.

Las  víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, lesiones, tortura y  contra la integridad moral, robo cometido con violencia, contra la  libertad y la integridad sexual o los cometidos dentro de una  organización criminal, y siempre y cuando las penas de prisión sean  superiores a cinco años, podrán recurrir los beneficios penitenciarios,  los permisos de salida, la clasificación en tercer grado o la libertad  condicional.

El espíritu de este texto trata de ofrecer a las víctimas un "muy amplio  derecho a la información", que ha desgranado el ministro de Justicia,  Alberto Ruiz Gallardón, durante todo el tiempo en que haya un  procedimiento penal o esté vigente una sanción.

De este modo, las víctimas podrán acceder a información sobre la causa, aunque no sean parte del proceso, como la fecha y lugar del juicio, la notificación de las sentencias y de las resoluciones de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo soliciten y exista una situación de peligro que lo justifique.

Protección de la intimidad de las víctimas

Otra de las novedades de este anteproyecto está en poner los medios para evitar padecimiento a las víctimas, de modo que se evitará el contacto de estas y sus familiares con los delincuentes y adoptar medidas para hacer más fácil los interrogatorios judiciales, como poder estar acompañadas.

En el caso de aquellas especialmente vulnerables como menores, discapacitados, afectados de grandes catástrofes o perjudicados por delitos sexuales, estarán acompañadas en los  interrogatorios que se efectuarán en dependencias habilitadas con un profesional especializado.

Gallardón también ha destacado como novedad algo que ha llamado una suerte de "derecho de reflexión" para evitar "escenas dolorosas" y que responde a una solicitud de las víctimas de grandes accidentes, como los casos del avión de Spanair o el tren descarrilado en Santiago de Compostela.

"Significa prohibir en un mes que los abogados y procuradores tomen la iniciativa de dirigirse a las víctimas evitando escenas muy dolorosas donde determinados profesionales inmediatamente después del accidente y antes del entierro se dirigían a familiares para que contrataran sus servicios", ha dicho.

El Estatuto de la Víctima se someterá a consulta en el Consejo General del Poder Judicial, los ministerios afectados, las comunidades autónomas, el Consejo de Estado, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a la opinión de expertos y asociaciones representativas de víctimas, ha dicho el ministro de Justicia.

También ha destacado que para la aplicación de este texto se dedicarán 3,1 millones de euros para que pueda ser aplicada mediante las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

Coincidencia con el fallo que anula la 'doctrina Parot'

La aprobación de este Estatuto, que reúne en un único texto legal todos los derechos de las víctimas de delitos, coincide con un momento de indignación de las víctimas del terrorismo por la anulación de la 'doctrina Parot' por parte del Tribunal de Estrasburgo y la puesta en libertad de algunos presos por terrorismo cuyas condenas fueron revisadas en virtud de esta doctrina jurídica. 

Las víctimas trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su malestar por la decisión de Estrasburgo y han convocado una manifestación para el próximo domingo en Madrid bajo el lema 'Justicia para un final con vencedores y vencidos'. 

Sin embargo, el Ministerio de Justicia subraya que la presentación del Estatuto no tiene nada que ver con la publicación del fallo de este lunes, sino que se lleva trabajando un año en la redacción del Estatuto, y que es uno de los "pilares" de su reforma penal, además de un "compromiso explícito" del programa electoral del PP y en cumplimiento de las directivas europeas, ha subrayado su titular, Alberto Ruiz-Gallardón.