El juez Silva, acusado de prevaricación por encarcerlar a Blesa, se niega a declarar

• La Fiscalía y las acusaciones le han dado traslado de 25 preguntas
• Afectados por las preferentes le han apoyado a su llegada al TSJM
• Se mantiene suspedido de sus funciones desde el pasado julio

El titular del juzgado de instrucción número 9, Elpidio José  Silva, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el proceso en el  que se le investiga por presunta prevaricación.

El que fuera instructor del denominado 'caso Blesa' ha llegado a  las 10.30 horas de la mañana para declarar ante el instructor, Jesús  Gavilán, por las supuestas irregularidades que podría haber cometido  en la investigación sobre el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa  y el exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

El magistrado y sus abogados han explicado que no han tenido  tiempo para analizar los 8.000 correos corporativos de Caja Madrid,  de los que se les dio el pasado jueves traslado. Tras ello, se ha  efectuado un receso de una hora para que tuvieran acceso a dichos  e-mails.

Tras la conclusión del receso, el compareciente se ha acogido a su  derecho a no declarar y la Fiscalía y las acusaciones le han dado  traslado de 25 preguntas que el tribunal ha considerado pertinente  que se le leyeran.

Una veintena de afectados por la comercialización de  participaciones preferentes por parte de Bankia ha arropado al juez  Silva a su llegada y salida del TSJM. Al grito de 'Silva es inocente  y Blesa un delincuente' y ataviados con camisetas verdes del color  corporativo de la entidad financiera, los congregados han clamado  justicia y han pedido la dimisión del fiscal general del Estado,  Eduardo Torres-Dulce.

La querella de la Fiscalía

La querella de la Fiscalía detalló que Silva habría cometido  irregularidades que habrían llevado consigo la comisión de varios  ilícitos penales durante la investigación del crédito de 26,6  millones a Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida.  El fiscal pedía que declararan como testigos Blesa y su letrado, a  quien imputó por obstrucción a la justicia aunque poco después  archivó tales diligencias.

Silva actuó en su contra al saber que Blesa había tenido  conocimiento de que su teléfono fue intervenido, pero siendo  "consciente" de que la escucha había sido acordada en un auto de su  propio Juzgado. El interrogatorio que efectuó a ambos por este caso  provocó "una vulneración clamorosa" de los derechos que correspondían  al banquero, según la Fiscalía.

La querella presentada por la Fiscalía de Madrid se refiere a  delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de  Justicia y delitos contra la propiedad individual que habría podido  cometer en varias decisiones sobre la investigación del crédito a  Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida,  entre ellas la de enviar a Blesa a prisión incondicional el pasado 5  de junio. Silva se enfrenta hasta 40 años de inhabilitación.

La Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado 19 de junio la  instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al  considerar que el magistrado había convertido indebidamente el  proceso contra Miguel Blesa en una "causa general en busca de los  responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo".  Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los  hechos relacionados con el City National.

Le imputan un delito de prevaricación

En su querella, la Fiscalía argumenta que Elpidio Silva cometió un  delito de prevaricación porque adoptó diversas resoluciones "que no  pueden ser explicadas mediante ninguna interpretación razonable  efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho",  imponiendo de esta forma "su propia voluntad y criterio sobre la  interpretación racional de la ley".

En este sentido, la Fiscalía repasa las decisiones del juez para  la reapertura de las actuaciones contra Blesa por la concesión del  crédito a Díaz Ferrán, dos años después de haber acordado su  sobreseimiento y sin que durante ese periodo hubiera aparecido "nada  nuevo que lo justificase".

La Fiscalía considera así "ilógico e improcedente" el modo por el  que Elpidio Silva reabrió el caso, justificando su "arbitraria  decisión" en razón a criterios como la alarma social derivada de la  crisis económica mundial y la implicación en la misma de las  entidades financieras.

El Ministerio Público se querella además contra el magistrado por  retardo malicioso por no dar trámite hasta dos meses después a los  recursos interpuestos contra el secreto de las actuaciones acordado  "con el fin de impedir a las defensas acceder al procedimiento", sin  que a su juicio existiera "motivo legal alguno" para adoptar la  medida.

La Fiscalía también denuncia al juez por dos delitos contra la  libertad individual en los dos autos en los que dictó prisión para  Blesa, el primero de ellos bajo fianza de 2,5 millones de euros y el  segundo sin fianza.

La querella argumenta que el magistrado adoptó esta medida contra  Blesa a instancias únicamente del sindicato Manos Limpias, que  justifica que no tenía condición de parte para realizar la petición,  y aporta un auto que estableció la inadmisión de su personación como  acusación particular por no tener la consideración de perjudicado en  proceso.