El TSJ de Baleares declara improcedente el despido de los diez tripulantes del yate 'Fortuna'

• Además, tendrán que ser indemnizados con 1,23 millones de euros
• Fue un obsequio de unos empresarios de Baleares al rey
• No obstante, renunció al uso de la embarcación en el mes de mayo

Fotografía de archivo del yate 'Fortuna' del rey

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha asegurado que el despido de los diez tripulantes del Fortuna, el barco regalado a la Familia Real al que el rey renunció en mayo, fue improcedente. Además, Patrimonio Nacional, titular de la embarcación y la empresa del mantenimiento y gestión del buque, Unión Naval Valencia, tendrán que indemnizar a los extrabajadores de manera solidaria con un total de 1,23 millones de euros.

Esto supone que cada una de las entidades abonará 617.720 euros que se repartirán entre los despedidos en función de sus años de servicio, que van de 32 a 10, y de los salarios que percibieran, entre 138.000 y 51.000 euros, según sus funciones.

En el juicio celebrado el pasado día 18 en Palma, tanto la empresa naviera como el organismo público estatal aceptaron los hechos planteados por los diez empleados demandantes, cuyas indemnizaciones oscilan entre los 185.000 y los 54.000 euros.

Los tripulantes desistieron de su pretensión inicial de exigir la readmisión a parte de Patrimonio Nacional al asumir que no existía un centro de trabajo en el que integrarse para realizar tareas similares a las que venían ejerciendo.

La sentencia establece que los tripulantes estaban contratados por Unión Naval Valencia, adjudicataria del contrato de mantenimiento del yate del Rey desde 2011, pero todos venían prestando sus servicios en el barco desde años atrás para las diferentes empresas que se habían hecho cargo de este servicio.

Los diez tripulantes perdieron sus empleos cuando en la pasada primavera el rey renunció al uso de la embarcación que en el año 2000 le regaló la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, una entidad constituida por destacados empresarios del archipiélago. No obstante, el pasado mes de julio el Gobierno decidió devolvérselo.