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El expresidente de Pescanova demanda a la empresa por despido improcedente

  • El informe de viabilidad apunta que la empresa puede seguir "sin trocearse"
  • El ajuste de su estructura en España puede evitarse con ventas de activos

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Manuel Fernández de Sousa a su llegada a un consejo de administración de Pescanova en la sede de la empresa en Chapela, Pontevedra
Fernández de Sousa, a su llegada a la sede de Pescanova en Chapela (Pontevedra) el día que presentó su dimisión.

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha  presentado una demanda por despido improcedente contra la compañía  gallega, en la que ha desarrollado su actividad durante casi 40 años,  según han informado fuentes conocedoras de la  situación de la pesquera.

En concreto, según ha informado Europa Press, Fernández de Sousa y la firma gallega -donde ha trabajado desde 1977- celebraron la semana pasada un acto de  conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación  (SMAC) de Vigo que terminó sin acuerdo, y en el que el expresidente  de Pescanova defendió su condición de trabajador de la compañía  durante 37 años.

Fernández de Sousa, que cuenta con un 7,515% del capital de la  gallega, presentó su dimisión como presidente de la compañía el  pasado 17 de julio, después de conocerse el informe forensic realizado  por la auditora KPMG que  reveló que se habían realizado prácticas contables para ocultar deuda en los últimos ejercicios, y que esas prácticas eran  "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o  menor medida" por miembros de la cúpula directiva.

Un día después de presentar su renuncia, el expresidente de  Pescanova aseguró que no recibiría indemnización alguna ni  tendría derecho a paro, al no tener cláusula de blindaje "de ningún  tipo", después de 37 años al servicio de la compañía gallega. Además, De Sousa destacó que había dejado de percibir su sueldo dos meses antes, en mayo pasado.

El administrador concursal de la firma, Deloitte, dejó  de pagar a Fernández de Sousa como director general  de la firma, una retribución que había estado compatibilizando con la derivada de su  condición de miembro y presidente del consejo de administración, tal  y como recoge el informe concursal.

Así, en 2011, el expresidente de la firma gallega percibió 989.000 euros como consejero ejecutivo, frente a  los 693.000 euros de un año antes y a los 620.000 euros que cobró en  2009. Eso supone un incremento de sueldo de casi un 60% en tres años, según  consta en los informes de gobierno corporativo de la pesquera  correspondientes a dichos años. 

La pesquera tiene capacidad para seguir adelante "sin trocearse"

La compañía gallega tiene una deuda de 3.674 millones de euros y  está inmersa en negociaciones con la banca para lograr un convenio con sus  acreedores en los próximos dos meses. Para finales de esta semana se espera concluya el plan de negocio que elabora la consultora PwC, en el que se determinará la  deuda soportable y las necesidades de liquidez de Pescanova.

Según las primeras conclusiones de dicho plan, que se presentará  en el consejo de administración la próxima semana, Pescanova cuenta  con capacidad para seguir adelante "sin liquidarse, ni trocearse",  sin necesidad de ajustar su estructura en España ya que, en el caso de que  fuera necesario, podría vender activos o filiales en el extranjero  no estratégicas.

El convenio de acreedores para hacer frente al agujero  patrimonial de 1.667 millones de euros de la firma gallega combinará  la quita de deuda, la capitalización de pasivo y la entrada de nuevos  socios.

"Las tres palancas que se van a utilizar [para resolver el concurso de acreedores] se centran en la entrada  de dinero fresco con nuevos socios, la capitalización de pasivo en  acciones y la quita" de la deuda, han explicado fuentes cercanas a la  negociación.

Las mismas fuentes han asegurado que la compañía dispone de  liquidez para aguantar hasta final de año, sin que existan tensiones  de tesorería, ya que la firma está exigiendo incluso a sus clientes  el pago al contado y el pago aplazado a proveedores con el fin de  "proteger" su liquidez.