El Gobierno busca fórmulas para evitar que los etarras excarcelados cobren prestaciones
- También quiere impedir que lo cobren los delincuentes más peligrosos
- La intención es estudiar esta limitación para los que "no han pedido perdón"
- Además, estudiará que puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha comprometido a buscar una fórmula que impida que los etarras y los delincuentes más peligrosos que puedan ser excarcelados en cumplimiento de la decisión de Estrasburgo, cobren prestaciones.
El ministro ha indicado que esto afectaría, en primer lugar, al "subsidio de excarcelación", que es el que se ha especulado que puede cobrar la etarra Inés del Río al quedar en libertad la semana pasada. Sin embargo, el titular de Interior mostró la disposición del Gobierno a que el veto para etarras, violadores y otros peligrosos delincuentes no se limite a este subsidio, sino que afecte también a otras ayudas como como becas y ayudas a la vivienda.
Fernández Díaz ha respondido así en el Congreso a la interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha pedido que de forma urgente se modifique la normativa para que etarras como Inés del Río, puedan beneficiarse de esa prestación.
Etarras que no han pedido perdón
Además, ha añadido que la intención del Ejecutivo es estudiar esta limitación para etarras y peligrosos delincuentes "que no han pedido perdón, que no están rehabilitados, que no se han arrepentido" y que no se han reeducado, como recoge el artículo 25 de la Constitución.
El ministro se ha comprometido a buscar el mayor consenso posible en el plazo de tres semanas, antes de que se debata la moción consecuencia de interpelación que UPyD presentará.
También, se ha mostrado dispuesto a estudiar mecanismos legales para evitar que los etarras excarcelados puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando se alarga su estancia en la cárcel.
La Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.
El recluso deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
La ley que establece el derecho a cobrar el subsidio supone un "sarcasmo"
Según ha avanzado Díez, este derecho supone un "atropello, tropelía y sarcasmo" hacia el Estado de derecho que beneficiará a quienes han atacado la democracia.
"Evitemos no solo que se rían y celebren sus excarcelaciones sino que se rían de todos cuando salgan de las cárceles", ha destacado la diputada de UPyD, antes de reiterar que la modificación sobre esas ayudas no afecten a reclusos que salen de prisión y las necesitan.
“Evitemos que se rían de todos cuando salgan de las cárceles“
Tras mostrar la "firme" voluntad del Gobierno en resolver esta anomalía, Fernández Díaz ha invitado a todas las fuerzas parlamentarias a estudiar este asunto, a fin de conseguir el "máximo consenso posible".
Precisamente, ha recordado que el reglamento que fija las ayudas de la Ley de Reconocimiento Integral de las Víctimas del Terrorismo ya contempla que los terroristas no puedan acceder a ningún tipo de prestación, algo que ha dicho habían solicitado ya unas cuarenta miembros de ETA y de otras organizaciones terroristas.
Además, Fernández Díaz ha vuelto a insistiría Amaiur que pida a ETA su disolución definitiva, porque sería la única aportación que la izquierda abertzale podría hacer a la democracia, y no "la insidia y la calumnia" con la que pone en cuestión el Estado de derecho.
Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Huamanos (TEDH) que condenó a España por aplicar retroactivamente la 'doctrina Parot' a la etarra Inés del Río, también ha salido de la cárcel el etarra Juan Manuel Piriz López.
Además de la excarcelación de estos dos presos etarras, la sentencia también ha propiciado la excarcelación de un violador. Por su parte, otros 51 etarras han pedido la revisión de la doctrina Parot.