El Tribunal Supremo decide investigar a otro juez catalán por la trama de las ITV

• Por delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos
• Su nombre figura como emisor y receptor de correos electrónicos
• El Supremo ya juzga por el mismo motivo al magistrado Joaquín Ortiz Blasco

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido investigar a otro magistrado catalán, el presidente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su presunta implicación en la trama de las ITV en esta comunidad.

Se trata de Emilio Aragonés Beltrán, que es investigado por un delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, según el auto hecho público este miércoles por la sala segunda del alto tribunal.

El pasado 10 de septiembre el Supremo decidió abrir juicio oral contra el también magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín Ortiz Blasco, acusado de asesorar a dos empresarios imputados en la trama de las ITV.

Esta supuesta trama corrupta pretendía amañar el mapa de adjudicación de estaciones de ITV en la comunidad catalana, un caso por el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene imputado al diputado de CiU Oriol Pujol.

El Supremo investiga a Emilio Aragonés y Joaquín Ortíz por estar aforados ante la sala de lo penal del alto tribunal debido a su condición de magistrados de un tribunal superior de Justicia.

Indicios contra el juez Aragonés

El juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que investiga la trama de las ITV, remitió el 1 de julio al Supremo una exposición razonada al entender que en el marco de esta investigación había indicios suficientes de delito para imputar al magistrado Emilio Aragonés.

La Fiscalía informó al Supremo a favor de tramitar la apertura de una causa contra el magistrado dado que no era descartable "a priori, sino todo lo contrario, la tipicidad del comportamiento, al menos, en el ámbito del artículo 441 del Código Penal", relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

En su auto, la sala de lo penal del Tribunal Supremo explica que en el marco de la investigación de las ITV se llevó a cabo la intervención de documentación y soportes informáticos que han constatado la existencia de una serie de correos electrónicos en los que figura el magistrado "como remitente y receptor de varios de ellos".

El TS recuerda en su auto que "en esta fase de admisión a trámite de la imputación" del magistrado catalán no procede llevar a cabo "un juicio de probabilidad, de obligado aplazamiento a otros momentos del procedimientos, y menos aún de certeza, sobre la adecuación a verdad de los enunciados fácticos que constituyen dicha imputación".

Tras declararse competente para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del magistrado Emilio Aragonés, el Supremo designa instructor de la causa a Joaquín Giménez García.

El Tribunal Supremo investiga también desde octubre de 2012 a otro magistrado, Joaquín Ortiz Blasco, que preside la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña, por un supuesto asesoramiento a imputados en el caso de las ITV en relación con los recursos interpuestos ante su Sala contra la concesión de nuevas estaciones de ITV.

El Supremo se declaró competente para investigar el caso después de que desde un juzgado de Barcelona se le solicitara que lo hiciera al haber indicios de que dos de los imputados en un caso de ITV, Ricard Puignou y Enric Marugán, participaron en "negociaciones" con el magistrado, que es aforado por ser miembro del TSJC.