Un año de investigación judicial y tres dimisiones tras la tragedia del Madrid Arena

• El juez del caso espera terminar la investigación judicial en diciembre
• Tres ediles del Ayuntamiento de Madrid han dimitido por el incidente

Foto de archivo del empresario Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa Diviertt, organizadora de la fiesta de Halloween.

Un año después de la tragedia del Madrid Arena en el que murieron cinco jóvenes de entre 17 y 20 años, continúa la investigación judicial para aclarar las circunstancias del suceso. Por el momento, la avalancha mortal ha pasado factura política a tres ediles del Ayuntamiento de Madrid que tuvieron que dimitir.

El 1 de noviembre de 2012 el recinto municipal Madrid Arena celebraba una macrofiesta de Halloween. A las cuatro de la mañana Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce murieron después de verse envueltas en una avalancha que se produjo en el interior de uno de los vomitorios. Otras dos chicas, Teresa Alonso y Belén Langdon, ingresaron en estado grave en el hospital, pero fallecieron días después.

En un primer momento se dijo que se debió al lanzamiento de una bengala durante la fiesta en uno de los vomitorios de acceso, pero luego se comprobó que la causa fue por el exceso de aforo, algo que se había negado al principio.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, en diciembre de este año podría concluir la investigación del incidente del Madrid Arena. Sin embargo, los abogados de algunas de las víctimas, creen que las actuaciones podrían alargarse hasta principios del próximo año.

25 imputados

En total, hay 25 personas imputadas pertenecientes a Diviertt –empresa promotora de la fiesta-; Kontrol 34 –empresa de seguridad en el interior del recinto-, Seguriber –encargada de la seguridad en el exterior-, Madrid Espacios y Congresos (Madridec) –la empresa municipal gestora del Madrid Arena-, el equipo encargado de la asistencia médica en el evento y la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los imputados, están el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y su hermano, José María Flores; el gerente de Madridec, Jorge Rodrigo; el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, así como el doctor Simón Viñals y su hijo, así como dos exdelegados del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo y Antonio de Guindos. A todos ellos se les imputa en principio los delitos genéricos de cinco homicidios por imprudencia. Flores fue detenido en diciembre de 2012, pero fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros.

Por el momento, han declarado ante el juez 42 testigos –amigos y asistentes a la fiesta-, los imputados y 43 lesionados la noche del suceso y que se han personado en el procedimiento.

Lo que queda pendiente de la investigación

Aún quedan por declarar otros cuatro testigos y la última persona en ser imputada, un empleado de Seguriber que fue quien abrió las puertas de emergencia por la que entraron en masa unos 2.500 jóvenes sin ningún control a la pista central, y que puede aclarar quién le dio la orden de hacerlo.

Los abogados de las víctimas esperan la declaración de los controladores de acceso, así como los careos entre altos cargos de Diviertt, Madridec y Seguriber para aclarar quién dio la orden de abrir las puertas de emergencia y de la antigua cafetería del Madrid Arena.

Además, se han abierto diez piezas separadas sobre este caso: una de averiguación patrimonial de los promotores del evento, Miguel Ángel y José María Flores; otra de responsabilidad civil, y ocho de situación con medidas cautelares adoptadas sobre imputados.

Para el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, la calificación de los hechos es de una imprudencia grave o temeraria, con resultado de muerte y de lesiones, aunque en su momento valorará si mantiene este criterio o no.

Todavía quedan diligencias judiciales pendientes como el volcado de los datos de los ordenadores intervenidos en un despacho del Madrid Arena el día en que el juez y las partes hicieron la inspección ocular del recinto.

También el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid debe entregar su informe sobre el nuevo recuento de las ocho urnas con entradas decomisadas en el recinto. En noviembre de 2012 fueron contabilizadas por primera vez y recientemente el Juzgadao de Instrucción número 51 de Madrid las ha recontado y ha obtenido un resultado de 16.791 pases, un 58,4% más del aforo permitido para el evento.

Asimismo queda por hacer la reconstrucción de los videograbadores que formaban parte del sistema de grabación del Madrid Arena para comprobar si no había cámara en el pasillo donde ocurrieron los hechos.

Las acusaciones particulares también quieren revisar las grabaciones efectuadas en el Madrid Arena desde las cero hasta las veinticuatro horas del 31 de octubre para verificar la entrada de los trabajadores de Kontrol 34 al recinto.

Consecuencias políticas

El trágico accidente y la posterior investigación judicial pasó factura a tres concejales del Ayuntamiento de Madrid que se vieron obligados a dimitir.

El primero en presentar su dimisión fue el entonces delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y presidente Madridec, Pedro Calvo. Lo hizo 13 días después de la avalancha mortal y tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJM).

Casi dos meses después, el 9 de enero, llegó la siguiente dimisión en el Consistorio. En esta ocasión fue el entonces vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que dejó todos sus cargos, incluida el acta de concejal. Unas declaraciones que hizo pocas horas después del suceso en el que aseguraba que no hubo exceso de aforo le costaron el puesto porque se demostró después que si que hubo exceso de aforo.

Al mes siguiente, el 4 de febrero, dimitía el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, que ya había adelantado que si le imputaban dejaría su cargo, como luego pasó.

Junto a estas dimisiones se produjo también el cese firmado por la alcaldesa de Madrid de los responsables de la empresa Madridec por “pérdida de confianza”. Y es que durante la investigación salió a la luz un documento con un compromiso de fidelización a favor de Flores, principal responsable de la empresa Diviertt, y que no se puso en conocimiento ni de la alcaldesa, ni de la instructora de la investigación del Ayuntamiento, la delegada Concepción Dancausa

Paralelamente a la investigación judicial, también el Ayuntamiento de Madrid inició una comisión de investigación celebrada un mes después del suceso. En dicha comisión se establecieron algunas medidas relativas a la seguridad como la obligación de contratar al Samur siempre que se alquilen edificios municipales, entre otras.