El Gobierno retira los recursos contra el derribo de El Cabanyal y negociará la reforma del barrio

• El barrio de pescadores enfrentó al Gobierno de Zapatero con el valenciano
• Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno se enzarzaron en una batalla judicial
• El proyecto preveía conectar Valencia con el mar y derribar viviendas

El Gobierno retira los recursos ante el Constitucional contra el derribo de El Cabanyal

El Consejo de Ministros ha aprobado la retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el derribo del barrio de El Cabanyal, en Valencia, a cambio de abrir un proceso de diálogo con la Generalitat valenciana y con el Ayuntamiento sobre la reforma de este barrio que permita su modernización y el respeto al conjunto histórico.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El de El Cabanyal es un contencioso entre el gobierno valenciano y el central que se remonta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien llevó al Tribunal Constitucional el plan de urbanismo que reformaba el barrio y que incluía el derribo de edificaciones históricas. Además de una fuerte disputa política, el asunto provocó también la movilización social en defensa de El Cabanyal.

Según ha explicado Sáenz de Santamaría, el Gobierno retirará los recursos contra un decreto ley y una ley de la Generalitat valenciana de protección y revitalización del conjunto histórico de Valencia. A cambio, el Ejecutivo de Alberto Fabra se ha comprometido a presentar en tres meses un proyecto de ley para derogar la citada ley de protección y a llevarlo ante la Comisión Bilateral Entre el Estado y la Comunidad Valenciana.

Asimismo, ambas partes se comprometen a estudiar, junto con el Ayuntamiento de Valencia, las fórmulas que permitan promover una adaptación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que "garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal" en los términos previstos en la Orden del Ministerio de Cultura del 29 de diciembre de 2009. El barrio fue calificado Bien de Interés Cultural en 1993.

Hasta que se concluya la adaptación del citado plan, la Generalitat valenciana también se compromete a adoptar las medidas necesarias para mantener la suspensión de la ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del conjunto histórico de El Cabanyal por el Ayuntamiento de Valencia, por el que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal.

Una larga batalla judicial entre Gobierno, Ayuntamiento y Generalitat

La decisión del Gobierno de no mantener este pulso jurídico contra la Generalitat y el Ayuntamiento valencianos pone fin a un largo conflicto institucional y abre la puerta a la aspiración municipal de prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibáñez.

El plan del Cabanyal, un barrio de pescadores de la ciudad de Valencia con una arquitectura propia de baja volumetría, contemplaba cuando fue presentado en 1998 la continuación de la Avenida de Blasco Ibáñez con una anchura de 48 metros y preveía un plazo de ejecución de diez años.

Desde su presentación se convirtió en un asunto eternamente enquistado como consecuencia de la colisión de dos posturas, los que abogan por la apertura natural de Valencia hacia el mar con las posibilidades de desarrollo que conlleva, frente a los que sostienen que supone la destrucción de un barrio histórico y defienden su rehabilitación.

Con una orden de enero de 2010, el ministerio de Cultura que dirigía Ángeles González-Sinde impedía que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar destruyera la trama urbana del .

El Ayuntamiento y la Generalitat llegaron a presentar una querella por un supuesto delito de prevaricación, si bien el Tribunal Supremo la desestimó al entender que los hechos denunciados no constituían delito alguno. La misma suerte corrió el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la orden del Ministerio, aunque el consistorio continuó la batalla judicial en julio de 2012 con el anuncio de otro recurso de casación.

Previamente, la Generalitat, bajo la presidencia de Francisco Camps, aprobó un decreto-ley que daba amparo a las actuaciones del Plan del Cabanyal, que se justificaba en la competencia que le atribuye su Estatuto de Autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone la Constitución al respecto.

Ante esta decisión, el Gobierno de Zapatero aprobó en 2010 la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley al entender que "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico".

Ese es el recurso que el Gobierno popular ha decidido retirar tras llegar a un acuerdo con la Generalitat por la cual esta se compromete a derogar la citada ley y buscar junto con la administración local y central una fórmula que permita adaptar el plan del Cabanyal a la protección que tiene otorgada desde 1993.