El juez ratifica la imputación por prevaricación y cohecho de Güemes y Lamela por privatizaciones

• Los exconsejeros están imputados por privatizar tres hospitales en Madrid
• El instructor ha rechazado el recurso de Güemes contra su imputación
• Lee el auto sobre la imputación de los dos exconsejeros de Sanidad (.pdf)

El hospital Rey Juan Carlos de Móstoles tiene la gestión sanitaria ya privatizada.

El Juzgado de instrucción número 4 de Madrid seguirá adelante con la imputación de la cúpula sanitaria madrileña que privatizó los primeros hospitales la comunidad autónoma tras rechazar el recurso interpuesto por el exconsejero Juan José Güemes contra su imputación el pasado mes de junio.

El juez instructor, Marcelino Sexmero, ha  ratificado la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad  madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela, responsables de la construcción de tres hospitales con gestión sanitaria privada: el Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz.

Un modelo de externalización que el Gobierno madrileño quiere extender ahora a otros seis hospitales aunque el proceso está de momento parado por la justicia.

El magistrado concreta las imputaciones por delitos de cohecho y prevaricación contra los expresponsables sanitarios en un auto de siete páginas fechado el pasado 29 de octubre.

De  este modo, resuelve diversos recursos de reforma interpuestos por los  querellados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid  (AFEM) contra el auto en el que les citaba a declarar acompañados de  un abogado, informa Europa press.

Legitimados para denunciar la privatización sanitaria

En el auto, el magistrado expone que la querella de Afem se  encuadra dentro del "ejercicio de la acusación particular ya que al  colectivo medico le asiste un intereses legitimo en el proceso de la  llamada 'privatización o externalización' de los servicios médicos en  cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la  señalada querella, interés tanto personal como sobre todo profesional  que la asociación legalmente defiende en representación del  colectivo".

"La capacidad para ser acusación particular de los ofendidos por  el delito se concede a todos los sujetos de derechos y obligaciones  en pleno ejercicio de sus derechos civiles", agrega el instructor de  la causa.

Asimismo, destaca que en la querella se "imputa el delito de  prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las  adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo  alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del  canon".

Contratados por las empresas a las que beneficiaron

Añade que "se han beneficiado de dichos acuerdos para después  contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como  Güemes y Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que  imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs".

Sobre la admisión de la querella, señala que "si existe alguna  duda acerca de que los hechos sean o no constitutivos de delito se  debe acordar su admisión y proceder a la investigación".

"Por último respecto del carácter político de la querella , este  instructor desconoce el mismo como desconoce las motivaciones de los  demás intervinientes incluido el fiscal", añade el juez en la  resolución.

"Indispensable" investigar si hubo delito

De este modo, concluye que "resulta indispensable la práctica de  las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer  los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser  confusos, tras lo cual, podría este instructor afirmar razonable y  razonadamente si los hechos son o no constitutivos de delito y por  ende si procede o no el sobreseimiento y archivo de la querella".

Añade que "al formular una imputación concreta obliga a llamar  como imputados a los querellados tras darles traslado de la querella,  y cuya señalamiento se efectuará una vez resuelva la Audiencia los  recursos de apelación, si fuera procedente y con independencia de las  diligencias de investigación pertinentes ya practicadas y que se  practiquen hasta entonces.

El 13 de septiembre se suspendieron las declaraciones. Estaba  previsto que comparecieran dentro de la causa el director general de  Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación  Jiménez Díaz, Juan Antonio Alvaro de la Parra; el presidente o  consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero  de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el  presidente o consejero de Asisa.