Los notarios casarán por 95 euros y podrán divorciar a parejas sin hijos si hay mutuo acuerdo

• El Consejo de Ministros ha aprobado la medida este jueves
• El arancel que fijará el Gobierno para bodas ante notario será de 95 euros
• La edad legal para poder contraer matrimonio se eleva de 14 a 16 años

Las bodas y divorcios se podrán tramitar a partir de ahora ante el notario, según ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al informar del anteproyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria aprobado este jueves por el Consejo de Ministros.

Esta es una de las novedades de este anteproyecto que permitirá, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que algunos asuntos se liberen de las tareas de los jueces, lo que permitirá descongestionar la Administración de Justicia.

Según ha avanzado el ministro Gallardón, los notarios podrán tramitar bodas y también divorcios pero en este último caso solo cuando no existan menores de edad o personas que requieran una especial tutela, y siempre que haya mutuo acuerdo entre la pareja,  ya que se trata de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal

El precio fijado para contraer matrimonio por notaría será de 95 euros. El titular de Justicia ha explicado que el precio está muy por debajo de que lo que cobran muchos ayuntamientos y que, de esta forma, se oferta un nuevo servicio que no implica privatización y permitirá descongestionar los consistorios.

Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España, cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales. 

"Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel. Es una cantidad asumible dentro del coste general de celebración de una boda y no es un negocio jurídico que se practique con mucha frecuencia", ha resaltado Gallardón.

Notarios, secretarios judiciales y registradores

Estas medidas, incluidas en el anteproyecto de ley, pretenden descargar de tareas a los jueces y que se desvíe parte del trabajo a otros funcionarios públicos como notarios, secretarios judiciales o registradores, siempre que se trate de casos en los que no haya conflicto entre las partes.

"Es una redistribución de tareas para facilitar a los ciudadanos un servicio más ágil y rápido", ha añadido el ministro de Justicia que ha explicado que el cambio podría afectar a unos 50.000 expedientes.

Para los magistrados quedan reservados exclusivamente los casos que tengan que ver con los derechos fundamentales como, por ejemplo, adopción, tutela de menores o aspectos relacionados con el derecho de familia.

Los secretarios judiciales podrán ocuparse de autorizaciones judiciales en materia mercantil o sucesoria; los notarios podrán tramitar expedientes de caracter sucesorio en los que se incluyen testamentos y también subastas voluntarias. Asimismo, se introduce un proceso alternativo para reclamar deudas. Por su parte, los registradores también podrán convocar juntas generales de sociedades, entre otros, según ha avanzado el ministro.

Se eleva de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia también ha anunciado la reforma jurídica que eleva de 14 a 16 año la edad legal para casarse.

Según ha explicado Gallardón, es una propuesta en defensa de las menores y basada en un criterio homogéneo en la mayoría de las legislaciones de la Unión Europea.

Además, la edad mínima de consentimiento sexual quedará fijada en 16 años después de que el Congreso reforme el actual Código Penal, que la fija en 13 años, por lo que un adulto cometerá un delito de abusos a menores si tiene relaciones con una persona menor de esa edad, según recoge EFE.

El nuevo texto penal remitido a las Cortes contempla que la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de 16 años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, que en ningún caso serán penalizadas.