Dimite en bloque la ejecutiva de UGT-Cádiz tras la detención y libertad de Mera por los ERE

• Ante la falta de respuesta de Salvador Mera sobre su continuidad en el cargo
• Alaya impone una fianza de casi 600.000 euros a un dirigente de CC.OO.

La Ejecutiva Provincial de UGT de Cádiz ha dimitido en bloque este lunes ante la situación generada en la organización tras la detención y puesta en libertad con cargos de su secretario general, Salvador Mera, en relación con el caso de los ERE fraudulentos, según fuentes del sindicato.

El secretario de   Comunicación de UGT-A, José Ginel, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press, que los seis miembros de la   Comisión Ejecutiva de UGT Cádiz han presentado su dimisión en el transcurso de esta tarde mediante un   escrito ante la dirección de la Unión General de Trabajadores en   Andalucía.

Mera también ha presentado su dimisión,   después de que hace unos días pusiera su cargo a disposición del   sindicato, según ha explicado a Europa Press. La ejecutiva ha tomado la decisión al no obtener respuesta de Mera sobre su continuidad en el cargo, después de haberle dado un plazo de diez días.

Mera fue detenido el pasado 8 de octubre en la segunda fase de la investigación del caso, denominada como Operación Heracles, contra el cobro de sobrecomisiones en los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía y la supuesta financiación irregular de los sindicatos.

El día 11, tras tomarle declaración sobre las gestiones que llevó a cabo en su anterior cargo fuera de la provincia de Cádiz, Salvador Mera, fue puesto en libertad con cargos por la juez instructora del sumario, Mercedes Alaya.

Desde entonces UGT-Cádiz dirimía sobre el futuro de su secretario general, dado que su nombramiento había sido relativamente reciente. Según las mismas fuentes, en unos días la ejecutiva provincial nombrará una gestora, que en unos tres meses debe organizar un congreso extraordinario para nombrar a otra ejecutiva con un nuevo secretario general.

Fianza de 600.000 euros a un  dirigente de CC.OO.

En el mismo marco de la invesigación sobre los presuntos ERE irregulares, la juez ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de  593.306,96 euros al actual secretario general de la Federación de  Industria de CC.OO.-A, Enrique Manuel Jiménez, todo ello en un auto en  el que declara responsable subsidiario a la Federación de Industria  del sindicato.

En un auto, al que cita Europa Press, la magistrada de  Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asevera que, a raíz  de la declaración judicial del imputado, "se ha puesto de manifiesto  su participación activa" en la concesión de ayudas del expediente de  Calderinox.

Así, "sería partícipe" a través de su cargo de las reuniones,  conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de  aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox,  medidas que consistían, "por una parte, en una percepción económica,  debido a que se adeudaban nóminas, y por otra parte en un plan de  jubilación para los trabajadores de mayor edad".

Estos compromisos, según la juez, "fueron adquiridos" por el  entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y  por el director general de Trabajo en esa fecha, Francisco Javier  Guerrero, a lo que se suma que el dirigente de CCOO-A "insistió" al  posterior director de Trabajo, Juan Márquez, "para que las ayudas  sociolaborales prometidas se ejecutaran".

Añade que, el 29 de diciembre de 2009, la Federación de Industria  de CCOO-A, en la persona del imputado, aceptó la concesión de una  ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor" de  nueve extrabajadores de Calderinox, formalizándose una póliza "a la  que se añadieron dos suplementos para incluir a dos 'intrusos', como  son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, quienes  "nunca habían trabajado" en la empresa.