La Guardia Civil detiene a 575 personas por blanqueo de capitales hasta junio

• En 2012 se intervinieron 359 millones de euros en 91 investigaciones
• El crimen organizado mueve en España 80.000 millones anuales sin declarar

Guardias civiles retiran ordenadores de una inmobiliaria en una operación contra el blanqueo.

La Guardia Civil ha detenido en los seis primeros meses del año a 575 personas por blanqueo de capitales en las 30 operaciones desarrolladas en este periodo contra organizaciones de crimen organizado que han conducido a redes de "lavado" de dinero obtenido ilícitamente.

Son algunos de los datos que ha revelado el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, durante la inauguración del II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales, organizado en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior.

Fernández de Mesa ha señalado que el pasado año los agentes detuvieron a 1.023 personas relacionadas con operaciones de blanqueo, a los que se suman otros 170 imputados policiales o judiciales, en las 91 investigaciones desarrolladas.

En total, se intervinieron 359 millones de euros, de los cuales 4,7 millones eran en divisas, más de diez millones en 433 productos financieros, 332 millones en medio millar de inmuebles, así como 1.744 vehículos incautados y 51 empresas bloqueadas.

Un agujero en las arcas públicas de 80.000 millones

Según el director de la Guardia Civil, el blanqueo de capitales ligado al crimen organizado goza de unas características que convierten su persecución en una tarea compleja por su carácter trasnacional, su opacidad, movilidad, capacidad de adaptación y evolución.

Además, ha destacado que las arcas públicas dejan de recaudar 80.000 millones de euros al año por actividades no declaradas y que suponen un 28,7% del PIB, según un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para Fernández de Mesa los efectos de la corrupción y los delitos que se integran en ella son un ataque a las instituciones y al sistema democrático, ya que provocan un desvío de fondos público y la distorsión en los mercados.

Respecto a la sensación de impunidad que ha calado en la ciudadanía ante los delitos económicos y que puede llevar a generalizaciones en colectivos como políticos o funcionarios, Fernández de Mesa ha dejado claro que "los corruptos son las personas, no las instituciones".