Ruz requiere a BDO un avance de las cuentas de Pescanova de 2012 en el plazo de cinco días
- Ruz acusa a la auditora de un delito continuado de falsedad documental
- Imputa al responsable de contabilidad de Pescanova, Ángel González
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha requerido a la auditora BDO un avance de la documentación de las cuentas de Pescanova cerradas el 31 de diciembre de 2012, al tiempo que ha acordado la imputación del responsable de contabilidad de la firma gallega, Angel González, que deberá declarar el próximo 27 de noviembre.
"Se acuerda requerir a BDO Auditores remita en el plazo de cinco días un avance de la documentación de los papeles de trabajo del área de Tesorería y Deudas con entidades financieras de las cuentas anuales de la matriz de Pescanova cerradas el 31 de diciembre de 2012 que dieron lugar al borrador de informe de auditoría que BDO remitió el 26 de febrero al consejo de administración para ser formuladas el 31 de julio de 2013", según señala el auto.
No obstante, una vez concluidos los trabajos de auditoría que BDO está llevando a cabo, deberá remitir el resto de la documentación que le fue solicitada el pasado 31 de julio. En dicha fecha, Ruz ya requirió a BDO que aportara copia de los papeles de trabajo correspondientes a las auditorías de Pescanova de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 en relación con la verificación de los saldos deudores con entidades financieras, la comprobación de cuentas de clientes y proveedores y la revisión de los ajustes de consolidación.
El informe de KPMG concluye que no había evidencia del conocimiento por parte de dicha auditora de la operativa "irregular" de Pescanova, ni de que la misma hubiera puesto de manifiesto tales irregularidades. Sin embargo, también señala que desconoce qué concretos procedimientos aplicó el auditor externo para conocer los saldos deudores reales de Pescanova con las entidades financieras y para realizar los ajustes de consolidación procedentes.
Imputado el responsable de contabilidad
Ruz ha citado a declarar como imputado al responsable de Contabilidad de Pescanova por su presunta participación en el delito continuado de falsedad de en documento mercantil y en el de falseamiento de cuentas anuales que están siendo investigados en dicho procedimiento.
El magistrado ha acordado tomar declaración al responsable de contabilidad el próximo 27 de noviembre tras lo "evidenciado en las declaraciones practicadas" el pasado 24 de octubre cuando, cuando en sala judicial el magistrado tomó declaración a varios directivos de la firma gallega, implicados en la emisión de facturas falsas que desveló la auditora KPMG.
Asimismo, Ruz requiere al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa que aporte también en cinco días el contrato de préstamo por importe de seis millones de euros que suscribió el pasado mes de febrero con Pescanova a través de la sociedad Sodesco. El importe de dicho préstamo fue recuperado íntegramente por Sousa el pasado 1 de marzo a través de la sociedad Kiwi España.
Por último, el juez ha requerido a Deloitte, administrador concursal, para que remita en cinco días copia del acta del consejo de administración del pasado 4 de abril, así como las facturas de venta recibidas por la firma gallega o sus filiales entre 2007 y 2013 emitidas por trece sociedades.
Pescanova ha analizado el plan de viabilidad
El consejo de administración de Pescanova dedicó un total de siete horas a analizar el plan de viabilidad elaborado por PricewaterhouseCooper (PWC) en la sede central de Pescanova en Chapela.
El plan de viabilidad plantea las medidas que debe adoptar la multinacional pesquera para proseguir con su actividad, habida cuenta de que en estos momentos se encuentra en concurso de acreedores y su agujero patrimonial asciende a 1.667 millones de euros
Pescanova cuenta con un pasivo de 3.674 millones y tiene cinco empresas en concurso de acreedores (Pesca Chile, Pescanova Brasil, Argenova, Acuinova y Pescafina).
Deloitte, administradora concursal de Pescanova, aseguró en su informe que la solución para el concurso de la compañía pasaba por la aprobación de un convenio con sus acreedores que deberá sustentarse en la viabilidad de la sociedad y del grupo, así como en una reestructuración y redimensionamiento de sus créditos.