Detenidos cinco ex altos cargos de la CAM por orden del juez Gómez Bermúdez

• Entre ellos está el ex director general de la caja, Roberto López Abad
• Tres de los arrestados son exdirectivos de la CAM
• Agentes de la UCO realizan registros en Alicante, Mallorca y Valencia
• En los registros se incautan de diversa documentación y material informático

Detenidos cinco ex altos cargos de la CAM por orden del juez Gómez Bermúdez

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco ex altos cargos de la CAM en el marco de las causas en las que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la caja alicantina, que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.

Entre las cinco personas arrestadas por la Guardia Civil, según informa TVE, hay tres exdirectivos: el ex director general de la caja Roberto López Abad; el exdirector de empresas de la entidad, Daniel Gil; y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz; quienes comparecerán este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

A estos tres exdirectivos el magistrado les investiga en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal S.L, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Gómez Bermúdez ha ordenado un total de cinco detenciones. Fuentes de la investigación han precisado a Europa Press que las otras dos personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco previstos por este de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex directivos.

Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.

Registros de la Guardia Civil

Gómez Bermúdez ha ordenado asimismo registrar dos despachos de abogados en Valencia y Alicante y una oficina mercantil en Mallorca, han informado a Efe fuentes jurídicas. La unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha incautado de diversa documentación y han llevado a cabo el clonado de material informático.

Todas estas operaciones tienen su origen en una querella que interpuso el FROB ante la Audiencia Nacional contra López Abad y Gil, entre otros, por "obtener un lucro personal" con cinco operaciones realizadas con una de las participadas de la entidad, la sociedad Valfensal, con la que Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a los exresponsables de la caja.

Según la querella, los imputados utilizaron la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal. Esta sociedad está participada en un 70% por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el exdirector general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".

"Pago de comisiones de imposible justificación económica"

La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.

La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales. En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".

Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.

Pieza principal de la CAM

Además, López Abad está imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.

Según el juez, tras su declaración y el análisis de toda la documentación, "los cinco imputados al menos conocían, o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM".

"A pesar de ello, en el mejor de los supuestos, no pusieron objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad para la que trabajaban, con perjuicio de accionistas, acreedores, clientes e impositores y en beneficio propio", subraya el juez.

Los problemas de la CAM

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de   2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una   inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB.

Meses después, el supervisor adjudicaba la entidad al Banco Sabadell por un euro tras comprar el Fondo de Garantía de Depósitos compró el 100% de la CAM por un  importe total de 5.249 millones de euros (2.449 millones para recapitalizar y la entidad, muy deteriorada, y los 2.800 millones del FROB, que fueron repuestos al Estado.

Además se comprometieron los apoyos financieros necesarios para la reestructuración ordenada de Banco CAM. Según el exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Mariano José Herrera el coste que tiene para las arcas públicas, ascendía a unos 8.000 millones de euros: los 5.249 millones de inyección de capital y 2.600 o 2.700 de pérdida estimada.

Los   inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de   enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la   caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones  inmobiliarias  arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones  tramitadas de  manera irregular.

En marzo de 2011, los gestores de la caja  de ahorros, comunicaron a las autoridades financieras unos  beneficios de 38,9  millones de euros cuando tres meses después las  cuentas arrojaban  unas pérdidas de 1.136 millones de euros.