Los toros son declarados patrimonio cultural de España con los únicos votos del PP en el Senado

• La ley es aprobada con 144 votos a favor, 26 en contra y 54 abstenciones
• Por primera vez la tauromaquia será regulada, fomentada y protegida

Los toros son declarados patrimonio cultural de España

La tauromaquia ha sido declarada este miércoles por el Senado Patrimonio Cultural de España. La camára alta ha aprobado una ley para blindar los toros con el único apoyo del Partido Popular, que sostiene que con esta norma las corridas "volverán a Cataluña", donde están prohibidas desde julio de 2010.

La ley, que tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada con 600.000 firmas para que los toros fueran declarados bien de interés cultural, ha sido aprobada tal y como salió del Congreso de los Diputados tras rechazarse cinco proposiciones de veto y 57 enmiendas. En el Senado, ha recibido 144 votos a favor, 26 en contra y 54 abstenciones.

La nueva norma definitiva será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor y obligará a las administraciones públicas "garantizar la protección y, a su vez, desarrollar unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado".

La ley establece que la tauromaquia conforma un "incuestionable patrimonio cultural inmaterial español" además de tener una "indudable trascendencia como actividad económica y empresarial", según informa Europa Press.

"La tauromaquia es cultura, comprendiendo otras facetas dignas de protección aparte del propio espectáculo, ya que comprende todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, que van desde la crianza del toro a la confección de la indumentaria de los toreros, la música de las corridas, el diseño y la producción de carteles", reza la nueva ley.

Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco

Según informa Europa Press, el Gobierno desarrollará diversas medidas en los próximos meses para lograr los objetivos de la norma como la creación de un Plan Nacional en el que se recogerán medidas de fomento y protección de la tauromaquia.

Asimismo, el Ejecutivo impulsará los trámites necesarios para solicitar la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.

Además, en el plazo de tres meses impulsará las reformas normativas necesarias para recoger dentro de la legislación española el mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

El PP ve un "arte nacional" y el PSOE ve una "ley innecesaria"

Durante el debate, el senador del PP, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como "arte nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad y ecología".

Para Ruiz el gobierno y las autonomías pueden establecer "concurrencia de competencias ordenadas" para la preservación de la cultura, que debe ser de acceso "libre" y que "jamás" debería ser objeto de prohibición.

El senador del PSOE Jesús Martín censuró la iniciativa del gobierno "totalmente distante a la ILP inicial", una ley "innecesaria" en los tiempos que corren, que pretende "posicionar a los españoles y enfrentarlos", y por lo que su grupo político iba a mostrarse neutral basándose en el "vive y deja vivir".

Todo basado en un discurso trufado de comparaciones muy taurinas pero de un contenido idéntico al de su homónimo socialista Enrique Abad, que dieron paso a la segunda intervención del grupo popular, Julián Lanzarote.

Lanzarote hizo una defensa taurina basándose en la historia y en su valor cultural y económico, configurándose en un sector de "primera magnitud", además de instar a la "libertad y libre ejercicio" de cada uno para "dictaminar el futuro de la Fiesta".

IU y ERC la califican como hecho "reprobable" y "en decadencia"

José Enrique Iglesias, de IU, criticó también la "profunda  transformación" en el trámite parlamentario del texto inicial por parte  del gobierno, con el que han llevado a cabo un "fraude político y  legislativo" para convertir la tauromaquia en una figura "vacía de  contenido a efectos jurídicos".

El senador de Izquierda Unida ha calificado la tauromaquia como "hecho reprobable" cuyo momento estelar fue "en la época franquista", y con la que se busca una "provocación internacional" al tratar de llevarla a la Unesco.

En un tono similar abordó su exposición la senadora de ERC Ester Capella i Farré, quien definió la tauromaquia como "práctica en decadencia que nos devuelve a una sociedad salvaje y retrógrada que hace mucho daño a la marca España", señaló.

Capella i Farré añadió que con la entrada en vigor de esta nueva ley, España va a perder reputación en Europa, "que ven la tauromaquia con los mismos ojos con los que nosotros vemos en los informativos imágenes de lapidaciones en África".

Jordi Guillot, de ICV, compartió el mismo discurso antitaurino de crítica a una práctica "cruel y de otra época", que nada tiene que ver con "los valores sociales y la ética ecológica actual", que hace "daño" a la imagen de España, y con la que el gobierno ha pretendido iniciar "una guerra política e ideológica".

PNV y CiU en contra por razones de competencias

José María Cazalis, senador de PNV, basó su veto en argumentos competenciales, ya que la fiesta de los toros, su organización, seguridad, defensa y fomento, "ya está regulada en el País Vasco" por lo que esta propuesta de ley, "innecesaria y sin razón de ser", supone una "clara invasión competencial" por parte del gobierno hacia las autonomías.

Mensaje que compartió el senador de CiU, Joan Baptista Bagué, quien, además de recalcar que esta iniciativa surgió como respuesta a lo aprobado en el Parlament catalán en 2010, indicó que con esta propuesta de ley "atenta" contra las competencias de las comunidades autónomas, que tienen potestad exclusiva en materia taurina, sin entrar en un debate mayor "de gustos o moralidades".

Carles Martí, de Entesa, criticó la aprobación de una ley "inocua" con la que el gobierno pretende "defenderse de cualquier forma al no haber cumplido lo prometido": la vuelta de los toros en Cataluña.

El canario Narvay Quintero, de Coalición Canaria, defendió la postura de su grupo político en contra de la tauromaquia, una práctica "prohibida" en su comunidad, la cual celebró la última corrida hace "35 años", y que, para ellos, "no es una práctica ni rentable ni cultural".