El atentado de ETA en la casa cuartel de Burgos buscaba "el mayor número de víctimas"

• Según han declarado los guardias civiles que sufrieron el atentado
• En el atentado 145 personas resultaron heridas, entre ellas 41 niños
• Los tres terroristas acusados se han negado a declarar ante el juez
• Los peritos califican el escenario que encontraron como "zona de guerra"

Juicio a los tres terroristas acusados del atentado contra la casa cuartel de Burgos

Agentes de la Guardia Civil que sufrieron el atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos en 2009 en el que 145 personas resultaron heridas, han declarado que los tres terroristas acusados buscaron causar "el mayor número de víctimas" entre las noventa viviendas familiares del recinto, incluidas numerosos niños.

La vista ha contado con el testimonio de varios médicos forenses  que  exploraron los "cortes y erosiones" que sufrieron algunos menores  que  dormían aquella noche en el edificio, así como a diversos adultos  que  presentaban "síndromes de estrés postraumático, agorafobia y  demás  secuelas de tipo psiquiátrico" que les incapacitaron para  seguir  ejerciendo su profesión.

La fiscal ha pedido para cada uno de ellos 3.498 años de cárcel por  cometer este atentado en la madrugada del 29 de julio de 2009 con una  furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal, que causó 145 heridos, de ellos 41 niños, 38 mujeres y 22 hombres.

Justo antes, los acusados, del comando Otazua, Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, se han negado a declarar en la vista, que ha comenzado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y que continuará este martes con los informes de las partes.

Una "zona de guerra"

Mientras, el guardia civil que instruyó el atestado del atentado ha relatado en el juicio que la acción iba destinada a causar el mayor número de víctimas. Otros agentes que participaron en las investigaciones han descrito la potencia del explosivo que causó un cráter de seis metros de diámetro y 1,80 de profundidad y que se encontraron restos a 600 metros de distancia.

Además, han calificado el escenario que se encontraron de "devastador" y de "zona de guerra", con edificios destruidos y coches calcinados y ardiendo, y han dicho que la mayoría de los afectados "se quedaron con lo puesto" sin poder recuperar sus enseres.

Uno de los agentes que estaba de guardia la noche del atentado en labores de vigilancia de la casa cuartel ha explicado que él vivía en el recinto, en el que había cinco portales de viviendas, y que su casa quedó "reventada".

Varios médicos forenses han recordado que atendieron a las víctimas y que entre las mismas había bastantes niños, "algunos pequeñitos", que sufrieron lesiones de todo tipo como erosiones, golpes y cortes producidos sobre todo por cristales desperdigados por la rotura de las ventanas, así como que algunos afectados sufrieron trastornos psicológicos posteriores como depresiones.

"Salimos como pudimos, todo estaba oscuro y solo se veía el fuego por detrás", ha dicho un guardia civil que vivía en la planta 13 de uno de los inmuebles afectados y que se encuentra en situación de retirado como consecuencia del atentado.

El fiscal pide indemnizaciones para las víctimas y

Durante los interrogatorios del juicio los investigadores de la Guardia Civil han relatado que el atentado fue cometido con una furgoneta robada en Francia a la que cambiaron las matrículas y la pintura.

La fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha mantenido la petición de pena referida al considerar que los acusados cometieron 145 delitos de asesinato en grado de tentativa y uno de estragos, y ha reclamado asimismo el pago de indemnizaciones a las víctimas por sus heridas y a las administraciones afectadas, la Dirección General de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León.

La abogada del Estado ha pedido que los acusados sean condenados a indemnizar al Ministerio del Interior en más de 15 millones de euros por los daños materiales en la casa cuartel y de casi un millón y medio por la atención a las víctimas y al Consorcio de Compensación de Seguros en una cantidad superior a 4.800.000.

Los acusados ya han sido condenados por los últimos atentados cometidos por la banda terrorista ETA antes de su alto el fuego y la mayor pena que se les ha impuesto, 45 años de prisión, fue por el asesinato con una bomba-lapa del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya).