Un juicio entre olas gigantes, un buque chatarra y la decisión de alejar el 'Prestige' de la costa

• Este miércoles se conocerá la sentencia sobre la catástrofe del Prestige
• Durante el juicio el capitán culpó al Gobierno español de la marea negra
• El ex director general de la Marina Mercante defendió las decisiones tomadas

El capitán Mangouras, el jefe de máquinas Argyropoulos y López Sors, de izquierda a derecha.

La sentencia sobre el Prestige se hará pública este miércoles, cuando se cumplen exactamente 11 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. Será leída por el magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña Juan Luis Pía, que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado mes de julio cuando el caso quedó visto para sentencia.

En el banquillo de los acusados se sentaron durante los ocho meses que duró el juicio el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el único cargo político que resultó finalmente procesado. El propio juez señaló al acabar el juicio que era "obvio" que había "más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos".

Los acusados se enfrentan a penas de entre 12 y cinco años de cárcel, pero ninguno entrará en prisión por su avanzada edad tal y como han pedido la Fiscalía y las acusaciones particulares.

La sentencia será clave para saber quién debe hacerse cargo de la factura de los daños económicos y medioambientales de la marea negra del Prestige, que la Fiscalía cifra en 4.328 millones de euros.

El ministerio público sostiene que la hipótesis más creíble sobre la causa de la catástrofe fue el mal estado de buque, calificado de chatarra flotante por las acusaciones, pero el capitán y la armadora mantienen que el vertido alcanzó la magnitud que tuvo (afectó a 1.700 kilómetros de costa) porque el Gobierno decidió llevarlo mar adentro. Sostienen que el petrolero no tenía problemas y que fue una ola gigante la que dañó el buque.

El capitán culpa al Gobierno español

El capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, se enfrenta a una pena de 12 años de prisión aunque la Fiscalía ha pedido que no entre en prisión si es condenado por su avanzada edad, tiene 78 años. Está acusado de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia.

Durante su declaración en el juicio, Mongouras declaró que alejar el barco de la costa "fue la peor decisión posible" y acusó al Gobierno español de extender el vertido de fuel por todo el cantábrico. El capitán del Prestige defendió que se podía haber llevado al buque a un puerto refugio para haber trasvasado el fuel a otro barco.

Monguras rechazó la descripción del Prestige como chatarra-flotante y aseguró que desconocía las causas que provocaron el escoramiento del barco el 13 de noviembre de 2002, seis días antes de hundirse, pero apuntó al temporal o la colisión con algún objeto.

La teoría de la ola gigante

Durante el juicio se planteó la teoría, defendida por la armadora, de que habría sido una ola gigante la que habría dañado el Prestige. Se presentó un informe del físico Alfred Osborno, de la Universidad William and Mary de Estados Unidos, que aseguraba que aquel 13 de noviembre había "olas extremas" de hasta 16 metros de altura con un "gran peralte" que dañaron el petrolero provocando el accidente.

Expertos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, consideraron "muy baja" la probabilidad de que el accidente lo provocara una ola gigante.

El mal estado del buque

El comandante de uno de los helicópteros que rescató a la tripulación del Prestige cuando dio la señal de alerta el 13 de noviembre explicó en el juicio que los marineros se quejaron de que llevaban "unos cuatro días con una vía de agua" y que estaban "enfadados" con el capitán.

El capitán que tuvo el Prestige antes de Mangouras, Stratos Kostazos, declaró como testigo durante el juicio que el buque, un monocasco de 26 años, era "poco fiable para navegar".

Kostazos asegura que dejó el puesto al ver que no se corregían los problemas del petrolero, pero reconoce que no informó oficialmente a la armadora sobre la situación del barco.

Sin embargo, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, para el que las acusaciones particulares piden siete años de cárcel por los mismos delitos que Mangouras, defendió durante el juicio que el petrolero funcionaba adecuadamente y que las averías que presentaba eran "normales".

La decisión de alejar el 'Prestige'

El ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, que se enfrenta a una petición de cárcel de 5 años por parte de las acusaciones particulares por los delitos contra el medio ambiente y daños, asumió durante el juicio toda la responsabilidad sobre la decisión de haber alejado el barco de la costa.

López Sors asegura que tomó esta decisión porque era la "menos dañina" ante el riesgo de hundimiento que presentaba el petrolero y que el último responsable era él, exonerando de cualquier culpa al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.

El ex director general de la Marina Mercante asegura que las otras alternativas que se barajaron resultaron "inviables". Se estudió la posibilidad de llevarlo al puerto de A Coruña pero el práctico señaló que era "una temeridad". También se barajó Corcubión, pero se descartó también. "Si hubiese llevado el barco a la ría de Corcubión hubiera ido a la cárcel con el señor Mangouras", llegó a decir en el juicio López Sors.

Sin embargo, algunos peritos que declararon durante el juicio, como los de la Escuela Naútica de A Coruña, aseguran que la decisión de alejar el barco fue una decisión "contaminada políticamente".

Cargos políticos, como testigos

El ministro de Fomento en el momento de la catástrofe, Francisco Álvarez-Cascos, declaró como testigo durante el juicio. Señaló que los daños fueron "inevitables" y que cualquier otra decisión que no hubiera sido alejar el barco habría tenido "consecuencias más graves".

Álvarez-Cascos, que se fue de caza en plena crisis, señaló que la responsabilidad última de las decisiones fue de López Sors y que conoció la decisión de alejar el barco una vez adoptada.

También compareció como testigo el entonces delegado del Gobierno en Galicia y actual director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, que llegó a estar imputado junto con Ángel del Real, entonces capitán marítico de A Coruña.

Fernández de Mesa eludió durante el juicio cualquier responsabilidad porque las competencias no eran de la Delegación del Gobierno. Ángel del Real, por su parte, aseguró que volvería a tomar las mismas decisiones.