La sentencia del 'Prestige', clave para saber quién debe pagar la factura de 4.000 millones

• El capitán y el jefe de máquinas se enfrentan a penas respectivas de 12 y 7 años
• El único cargo político acusado es el ex director general de la Marina Mercante
• El fiscal quiere que la aseguradora pague la póliza de 1.000 millones de dólares

Hoy se hará pública la sentencia por el hundimiento del Prestige

El 13 de noviembre de 2002 el Prestige, un petrolero monocasco griego con bandera de las Bahamas cargado con 77.000 toneladas de fuel de baja calidad, lanzaba la voz de alarma tras zozobrar frente a las costas de Galicia.

Seis días después, tras ser llevado mar adentro por decisión de las autoridades españolas, el buque se partió en dos y se hundió a 246 kilómetros de Fisterra (A Coruña) vertiendo más de 67.000 toneladas de chapapote en la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España con más de 1.700 kilómetros de costa afectados. El vertido llegó hasta las costas francesas.

Este miércoles, once años después, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña hará pública la sentencia por los daños del Prestige. Están acusados el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el único responsable político que se ha sentado en el banquillo.

Se enfrentan a penas de prisión entre los 12 y los 5 años, aunque ninguno irá a la cárcel si es condenado por su avanzada edad, todos superan los 70 años.

El mal estado del barco y la decisión de alejarlo

La clave de la sentencia de este miércoles está en saber quién debe pagar la factura por los daños medioambientales que provocó la catástrofe y que la Fiscalía ha cifrado en más de 4.000 millones de euros.

El capitán y la armadora responsabilizan a España de la magnitud de la catástrofe por alejar el barco de la costa, pero el Gobierno español culpa a la naviera del mal estado del monocasco y defiende que haber llevado el petrolero a un puerto refugio hubiera sido peor.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado creen que la única forma de que la armadora y la aseguradora del Prestige hagan frente a las indemnizaciones es condenando al capitán, pero la aseguradora ya ha dicho que no pagará más que los 22 millones de euros que ya depositó en el juzgado de Corcubión.

Tres acusados sentados en el banquillo

El capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, de 78 años, se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia. La Fiscalía, no obstante, ha pedido que si es condenado "no pase ni un día privado de libertad".

Mangouras pasó tres meses en una cárcel gallega nada más ocurrir la catástrofe y estuvo otros 21 meses en libertad vigilada en Barcelona hasta que pudo volver a Grecia donde tenía que personarse cada 15 días ante la Policía griega.

Esta acusado también el jefe de máquinas el petrolero, el griego Nikolaos Argyropoulos, para el que las acusaciones particulares piden hasta siete años de prisión por los mismos delitos que Mangouras.

El tercer procesado por la catástrofe es el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, que ocupaba este cargo en 2002 cuando Francisco Álvarez-Cascos era el ministro de Fomento, y responsable de la decisión de alejar el buque de la costa.

Las acusaciones particulares piden para él una condena de cinco años de prisión por delitos contra el medio ambiente y daños, aunque la Fiscalía ha defendido su actuación durante la catástrofe.

Había un cuarta persona que debería haberse sentado en el banquillo pero que está en paradero desconocido: el primer oficial del Prestige, el filipino Ireneo Maloto. Si aparece en el futuro, tendrá que ser juzgado en un nuevo juicio.

Daños por valor de 4.400 millones

El fiscal de Medio Ambiente del juicio, Álvaro García Ortiz, presentó durante el juicio un informe de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige que cifraba los daños del vertido en 4.328 millones de euros (4.442 si se añade el daño en las costas francesas). Según este informe, el daño en el sector pesquero superó los 400 millones (incluidos los de imagen) y el del sector turístico rondó los 500.

La Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado español, reclamó durante el juicio 2.152 millones de euros por daños (1.213 por el daño ambiental, 812 millones por hacer frente a la catástrofe y 128 para compensar los paros en el sector pesquero).

En el juicio del Prestige están imputados como responsables civiles directos la aseguradora del petrolero, The London P&I Club y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos.

Además, están imputados como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc (la armadora) y Universe Maritime (la operadora) y el Estado español.

Quién debe pagar la factura del 'Prestige'

La Fiscalía y la Abogacía del Estado creen que la única manera de que la aseguradora The Londo P&I Club y la naviera, Mare Shipping Inc, hagan frente a la póliza de 1.000 millones de dólares que tiene suscrita es condenando al capitán.

Sin embargo, Mare Shipping ya ha dejado claro que aunque Mangouras sea condenado no pagará más de los 22 millones de euros que ya depositó en el juzgado de Corcubión en los primeros momentos de la catástrofe en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil (CRC) por derrame de hidrocarburos de 1992.

La naviera y la aseguradora iniciaron además a principios de 2013 un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles y no pagar más que esos 22 millones. Un arbitraje que España no reconoció, informa Efe.

Por su parte, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos ya ha abonado unos 120 millones del máximo de 150 millones, el máximo que estaba fijado para este tipo de accidentes cuando se hundió el Prestige.

Así que aunque la aseguradora sea condenada, España deberá iniciar un nuevo proceso judicial para lograr la ejecución de la sentencia o llegar a un acuerdo extrajudicial.

El varapalo del juicio contra la clasificadora del 'Prestige'

España ya recibió un varapalo judicial en Estados Unidos después de que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York rechazara definitivamente el año pasado la demanda del Gobierno contra la empresa American Bureau of Shipping (ABS), que determinó que el Prestige era acto para navegar.

El Gobierno español reclamaba a esta empresa clasificadora una indemnización de 1.000 millones de dólares, pero el tribunal consideró que las leyes de Estados Unidos no permitían imputar esta responsabilidad a ABS sin entrar a valorar si había o no negligencia.

El tribunal considera que en caso de rendir cuentas debería ser con los propietarios del petrolero monocasco, pero no con el Estado español.

No están todos los que son

Este miércoles, la Audiencia Provincial de A Coruña leerá la sentencia sobre la marea negra del Prestige, pero el presidente del tribunal, el magistrado Juan Luis Pía, ya advirtió el pasado mes de julio cuando acabó el juicio de que en el banquillo no estaban todos los responsables de la peor catástrofe medioambiental que ha sufrido España.

"Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos", concluyó.