La Fiscalía y la Xunta estudian la sentencia del 'Prestige' para ver si la recurren

• La Fiscalía solicitó en el juicio 4.320 millones de euros por los daños
• La sentencia deja claro que España no podrá reclamar las indemnizaciones
• El exdirector de Marina Mercante: En España siempre se culpa a un funcionario
• Tras el juicio penal, se abre la posibilidad de la vía civil y administrativa

Fotografía de archivo (18/11/2002) facilitada por ORP ARMADA del petrolero "Prestige" partido en dos.

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, está estudiando detalladamente la sentencia por el accidente del petrolero Prestige, en la que se ha absuelto a los tres principales acusados, para determinar si la recurre, al igual que la Xunta gallega, que evaluará la vía civil para reclamar las indemnizaciones correspondientes por los daños causados.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha  confesado la "decepción" de su Gobierno por el hecho de que "nadie"  se vaya a hacer cargo "de los gastos" ocasionados por la catástrofe  del hundimiento del 'Prestige' y ha remarcado que su Gobierno estudia  si cabe recurso de casación contra la sentencia hecha pública en la  pasada jornada, para lo que tiene un plazo de cinco días, al tiempo  que ha incidido en que permanece abierta la vía civil.

"A Galicia le interesa quién paga", ha sentenciado Feijóo,  preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de  la Xunta, en la que se ha mostrado convencido de que "la inmensa  mayoría" de la sociedad gallega siente "decepción" al saber "que ni  la clasificadora, ni la aseguradora, ni el armador del petrolero van  a pagar" por permitir que "una chatarra flotante" navegase en las  proximidades de las costas gallegas.

En cuanto a las responsabilidades políticas, ha advertido  de que estas quedaron "suficientemente" dirimidas en las sucesivas  elecciones municipales, autonómicas y generales que han tenido lugar  en la comunidad.

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que, tras abrirse el periodo de recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, García Ortiz decidirá si se va a recurrir y en qué términos.

"Aún no ha terminado el procedimiento", han agregado las mismas fuentes, que han explicado que es por esa razón por la que el fiscal no se ha pronunciado todavía públicamente sobre el contenido del fallo.

Según la Fiscalía, sería un poco aventurado por parte del fiscal opinar antes de "desmenuzar" los argumentos jurídicos de la sentencia y "más aún cuando tiene que actuar, en un sentido o en otro, en dejarla estar o formular recurso".

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el petrolero ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso, el exdirector de la Marina Mercante, José Luis López Sors; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí ha condenado al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Una posible vía de recurso civil y administrativa

El caso es que, una vez que concluya la vía penal del proceso  judicial por el accidente del Prestige, y al margen de los recursos a la sentencia, cabe iniciar la vía civil y  administrativa por los daños originados por el vertido del buque, según ha  explicado a Efe el catedrático de Derecho Administrativo de la  Universidad de A Coruña, Francisco Javier Sanz Larruga.

"Posiblemente", considera Sanz Larruga, los afectados por la  catástrofe acudirán a la vía contencioso-administrativa para demandar  daños de la administración, pese a la absolución de López Sors por  delito ecológico, por considerar que podría plantearse una culpa  concurrente, por ejemplo, cuando se decidió alejar el buque de la costa.

Además, los afectados que hayan cobrado los anticipos del Estado en  concepto de indemnización por los daños causados por el Prestige no  tendrían acceso a la vía civil, puesto que habrían renunciado a recurrir  a un proceso judicial contra el Estado cuando los cobraron, no así los  que no lo hicieron, que sí podrían acudir a ella y solicitar las  indemnizaciones a cargo del Fondo Internacional de Indemnización de  Daños(FIDAC).

Pago de las indemnizaciones

La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por los daños, pero la sentencia deja claro que España no podrá cobrar las indemnizaciones millonarias que reclamaba ni deberá pagar por ellos, y solo le queda la vía de iniciar otro proceso judicial contra la operadora y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, -una opción poco viable, según fuentes jurídicas consultadas- o buscar un acuerdo extrajudicial muy a la baja para sus intereses.

Además, la Fiscalía argumentó durante la vista oral que la condena del capitán del buque era la única alternativa para conseguir que la operadora y la aseguradora hicieran frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apostaba para ello por la aplicación del Código Penal español.

La armadora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22,7 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces, y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del 'Prestige' hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.

El London P&I Club, aseguradora del buque Prestige, ha manifestado este jueves a través de un comunicado que los 22,7 millones depositados en concepto de fianza de responsabilidad civil "debería ser utilizado para reparar los daños causados contra el medio ambiente". 

Sors: En el Derecho español parece inevitable culpar a un funcionario

Por su parte, el ingeniero naval José Luis López-Sors, único alto cargo de la administración española que estaba acusado de los daños causados por la marea negra, ha recibido el fallo absolutorio con la convicción de que en el Derecho español "parece inevitable culpabilizar a un funcionario del Estado".

En un escrito suyo, que este jueves publica el periódico ABC, alega que esto ocurre así "para que, si se lograra su condena, el Estado respondiera subsidiariamente.  Y esta es la razón de base que, en España, invita a politizar cualquier accidente que haya causado daños importantes".

En este texto, menciona un ejemplo opuesto, el del Derecho anglosajón, que ve "absolutamente respetuoso" con el poder Ejecutivo, tanto que en el Reino Unido las decisiones sobre accidentes en la mar, como el caso del Prestige en 2002, se toman por una figura dependiente del ministro de Transportes "y no se ponen en duda".

En su caso, como director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos era el responsable de Fomento, reitera que determinó el alejamiento con la obligación de "defender las costas españolas". 

Precisamente,  Arsenio Fernández de Mesa, al frente de la delegación del Gobierno en Galicia cuando ocurrió la catástrofe medioambiental, se ha congratulado de que con la sentencia del Prestige acabe el "calvario" de López-Sors, que "puede estar tranquilo" con la decisión que adoptó para defender los  intereses de España "en contra de lo que muchos dicen sin ningún  argumento sólido", ha manifestado.

Fernández de Mesa también ha añadido en declaraciones a los medios  durante la inauguración de unas jornadas sobre seguridad, que muestra respeto por la sentencia aunque algunos traten de "acorralar" a los tribunales que actúan de forma independiente.