La solución a los activos fiscales diferidos, clave para asegurar la solvencia de la banca española

• Basilea III exige que dejen de contar como capital de máxima calidad
• En junio, los bancos contaban con 70.000 millones de euros de esos activos
• Si se restasen todos del core capital, la solvencia del sector caería hasta un 3%
• El Gobierno aprueba convertirlos en créditos fiscales con su aval

Un empleado de banca mira preocupado una pantalla de ordenador.

El cierre con éxito del rescate bancario concedido por la eurozona a España dependía de encontrar una solución a un importante escollo: cómo digerir los activos fiscales diferidos que hasta ahora han contado como parte del capital de máxima calidad de los bancos y que las normas internacionales (conocidas como Basilea III) exigen que dejen de contabilizarse así a partir de 2014. La solución de esta cuestión era crucial para la banca, ya que ese particular tipo de activo suponía en la actualidad unos 70.000 millones de euros, según el ministro de Economía.

Los bancos y el Gobierno han pactado desde hace meses qué fórmula podría servir para diluir esos activos tan particulares sin abrir un nuevo agujero en la solvencia de las entidades ni acarrear un nuevo aumento del déficit y deuda pública. Finalmente, el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que el Gobierno permitirá que unos 30.000 millones de euros de esos activos se conviertan en créditos fiscales que, al contar con el aval del Estado, puedan seguir dentro del core capital con la aplicación de Basilea III.

Según ha insistido el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "no se trata de ninguna transferencia o préstamo", por lo que "el impacto en las cuentas públicas a corto plazo es prácticamente inexistente".  Ante la insistencia de los periodistas, ha añadido que el Ejecutivo  considera que el impacto en el déficit y la deuda pública "a medio y  largo plazo no es relevante".

El informe de la troika sobre el cumplimiento del rescate del pasado mes de junio ya pidió que se resolviera el problema de los activos fiscales.

Pero, ¿qué son exactamente los activos fiscales diferidos, conocidos como DTA,  por sus siglas de la denominación en inglés deferred tax assets?

Qué son los activos fiscales diferidos

Los activos fiscales diferidos se crean cuando se apunta como un activo real en el balance de una sociedad el ahorro que logrará en impuestos por un determinado cierre en pérdidas, aunque realmente ese ahorro no se produce de forma efectiva hasta que la entidad vuelve a tener beneficios netos.

Es decir, es como si unas pérdidas en Bolsa se apuntasen como algo positivo porque, en el futuro, las podremos compensar cuando hagamos otra operación en la que ganemos.

Los bancos pueden ejecutar esos DTA –es decir, convertirlos en un beneficio real- a través del ahorro en impuestos cuando se den determinadas condiciones. Por ejemplo, si un banco obtiene un beneficio antes de impuestos de 200 millones de euros, debería pagar en tributos el 30% de ese beneficio. Es decir, tendría que haber abonado 60 millones de euros en impuestos y anotarse un beneficio neto de 140 millones de euros. Pero como ese banco cuenta con más de 6.200 millones de activos fiscales diferidos, una parte de ellos pueden reunir las condiciones para ejecutarse, por lo que, no solo no paga esos 60 millones de impuestos a la Hacienda pública, sino que se puede apuntar una deducción fiscal de 150 millones, con lo que su beneficio neto aumenta hasta los 350 millones de euros.

En España, el ejemplo más frecuente de DTA son las llamadas provisiones genéricas, el colchón que las entidades reservan para cubrir futuras pérdidas en su cartera crediticia, por ejemplo, los impagos de hipotecas u otro tipo de préstamos. También es importante el volumen de los activos fiscales diferidos ligados a los fondos de pensiones de sus plantillas, que se generan en el momento en el que las entidades apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados hasta que lleguen a la edad de jubilación. Otros DTA se generan por los fondos de comercio, es decir, por la diferencia que aparece entre el valor en libros de un activo y lo que se obtiene por él en una operación de compraventa.

Qué importancia tienen dentro de la banca española

Como ya se ha indicado, los DTA suponían en la actualidad unos 70.000 millones de euros, de los que 50.000 millones se habían generado en España, según las cifras aportadas por De Gunidos.

Varios estudios elaborados en el sector financiero muestra que el porcentaje más elevado se alcanzaba en CEISS (fusión de Caja España-Duero), donde representaban el 150% de su patrimonio neto. En Liberbank también superaban el 100%, mientras que en Banco Mare Nostrum rondaban el 90%. Dos de las entidades rescatadas también contaban con un elevado porcentaje: Bankia (75% de su patrimonio neto) y Novagalicia Banco (60%).

En los dos grandes bancos, BBVA y Santander, el porcentaje de DTA bajaba hasta el 0,75% y 2,4%, respectivamente.

Con esos porcentajes, el sector calcula que la aplicación de las nuevas normas de Basilea III -que exige restar los DTA del capital- podría reducir la solvencia de la banca española entre un 2% y un 3%. Esto obliga a solucionar este punto clave de cara a las pruebas de solvencia que el BCE va a empezar a realizar este mes de noviembre, y evitar que sean necesarias nuevas aportaciones externas de capital.

Por qué hay tantos activos fiscales diferidos en la banca española

El volumen de DTA incluidos como capital de máxima calidad en la banca española quintuplica al de cualquier otro país europeo, en parte, por las diferencias normativas entre España y el resto.

Por ejemplo, el Banco de España lleva más de 20 años exigiendo la dotación de provisiones genéricas, que no pueden deducirse fiscalmente porque no son pérdidas reales, pero que sí permiten generar activos fiscales diferidos (podrán deducirse y convertirse en un activo real cuando se ejecuten, es decir, cuando tenga que recurrirse a ellas para cubrir impagos reales). También han contribuido a multiplicar los DTA el aumento de provisiones exigido por los decretos del Gobierno para sanear el sistema y cubrir los elevados riesgos asumidos en el sector inmobiliario.

Además, España no había arbitrado hasta ahora una fórmula que permita convertir esos DTA en activos reales, como sí han hecho en otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.

Por qué obliga Basilea III a descontar los DTA del capital

La nueva regulación financiera internacional Basilea III -que entrará en vigor en 2014- obliga a las entidades a dejar de contar como capital de máxima calidad (core capital) los “activos por impuestos diferidos que dependen de beneficios futuros”.

La razón es que considera que esos DTA en particular, no tienen valor en caso de que haya pérdidas o insolvencia, ya que solo se harían efectivos si se produjese una reducción real de impuestos, y eso dependería de que la entidad lograse beneficios futuros, algo que no se puede garantizar.

Según Basilea III, los activos fiscales diferidos no deben excluirse de golpe del core capital, sino que deberán restarse a lo largo de 10 años, es decir, a un ritmo del 10% anual.

Sin embargo, el mercado ya está anticipando el impacto de las nuevas normas en la solvencia de cada entidad de una sola vez, es decir, se calcula ya cuánto perderá cada entidad al restar todos sus DTA y eso está castigando sus cotizaciones bursátiles y sus calificaciones de riesgo.

Una solución "casi idéntica" a la de Italia

Las negociaciones entre los ministerios de Economía y Hacienda, el Banco de España y la troika comenzaron hace meses para tratar de encontrar una salida.

Primero, han tenido que decidir qué tipos de DTA se permitirá mantener dentro del capital de máxima calidad. Según las filtraciones, el Gobierno estaba dispuesto desde el principio a permitir los activos fiscales diferidos generados por las provisiones genéricas y la banca ha conseguido incluir también los creados por las aportaciones a los fondos de pensiones.

En segundo lugar, se ha tenido que decidir qué fórmula aplicar para que esos DTA permitidos como capital puedan aplicarse para compensar pérdidas. Existían varias soluciones:

1. La elegida finalmente por el Gobierno ("casi idéntica" a la aplicada en Italia desde 2011, según De Guindos): convertir los activos fiscales diferidos en créditos fiscales que se puedan utilizar para deducirse en el Impuesto de Sociedades. Esta fórmula implica cierto aval del Estado, aunque el ministro ha considerado que su impacto en déficit y deuda públicos "no son relevantes" porque, solo tendría que ejecutarse de golpe en el caso de quiebra de una entidad (un riesgo "prácticamente inexistente", según el ministro). En el caso contrario, los bancos irán deduciéndoselos a lo largo de los próximos 18 años, según vayan haciéndose realidad las pérdidas que los generaron.

2. El Estado reconoce los activos fiscales diferidos como un aval y no como un préstamo, lo que permitiría contabilizarlos todavía como capital de máxima calidad, ya que se eliminaría la incertidumbre sobre su cobro futuro. Ese aval solo se tendría que hacer efectivo cuando una entidad se liquidase o se declarase insolvente.

Esta era la solución defendida por la banca, que ha insistido en que, en principio, no afectaría al déficit público ya que solo tendría impacto en las cuentas públicas si alguna entidad entra en pérdidas o en un proceso de liquidación, algo que descartan gracias al proceso de saneamiento realizado en el sistema.

3. El denominado carry-back fiscal, aplicado en Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido o EE.UU. , que consiste en que cuando se materialicen las pérdidas que dieron origen a esos DTA, Hacienda reembolse a las entidades los impuestos que pagaron por beneficios de ejercicios anteriores. En Europa, ese reembolso está limitado a la devolución de lo pagado en los dos o tres años previos.

El Ministerio de Hacienda se opuso firmemente a esa solución, ya que abriría grandes agujeros en unas ya maltrechas cuentas públicas, es decir, el déficit público aumentaría.

4. La cuarta fórmula era entregar a los bancos deuda pública por el importe de los activos por impuestos diferidos. Esto permitiría seguir contabilizándolos como recursos propios, pero eso aumentaría la deuda del Estado.