Cataluña y Canarias recurrirán la nueva ley educativa ante el Tribunal Constitucional

• En Cataluña creen que la 'ley Wert' pretende "recentralizar competencias"
• El vicepresidente canario cree que es el "triunfo de la sinrazón del PP"

Después de que este jueves el pleno del Congreso haya aprobado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con el apoyo del PP en solitario, los gobiernos de Cataluña y Canarias han anunciado que presentarán sendos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha lamentado que la 'ley Wert' es una norma impuesta por el PP que busca "recentralizar las competencias" y desconfía de las comunidades autónomas, y ha avanzado que la Generalitat continuará aplicando el modelo propio de escuela catalana.

"Continuaremos defendiendo que el modelo de escuela catalana es garantía  del dominio del catalán y el castellano al acabar la escolarización",  ha expresado la consellera, quien ha tachado de inaceptable el  tratamiento del catalán en la Lomce.

Aunque la ley debería implantarse a partir del curso 2014-15, Rigau  ha sostenido que es "imposible" cambiar los currículos para el próximo  curso, puesto que la Generalitat no tiene margen para cambiar su  normativa, y quiere garantizar que haya la máxima normalidad en las  escuelas catalanas.

"Ya tenemos suficientes problemas de crisis y ajustes como para  añadir el cambio de normativa", ha deplorado la responsable de la  Enseñanza en Cataluñaa, que ha dicho que es precipitado hacer estas  modificaciones para el próximo curso.

Canarias cree que la ley invade sus competencias

Del mismo modo, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad y vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez, afirma que recurren la ley de reforma educativa porque invade competencias autonómicas.

Pérez afirma que la Lomce es el triunfo de la "sinrazón del Partido Popular porque elimina el principio de la Educación como servicio público", y considera que el paso del proyecto de ley por el Congreso y el Senado ha servido para "empeorar con creces" el texto inicial.

A juicio del consejero socialista, esta ley forma parte de una política de "retroceso constitucional" y es un "ajuste de cuentas que el PP está haciendo a lo que fue en su día el pacto constitucional, eliminando buena parte de los avances que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años".

El consejero asegura que el Gobierno canario tiene claro lo que hay que hacer con la Lomce "mientras dure, ya que no nos resignamos al triunfo de la sinrazón y vamos a actuar para evitar sus efectos perniciosos, pero siempre con la Ley en la mano y teniendo en cuenta el sentir general de la comunidad educativa".

El Gobierno de Canarias, indica su consejero de Educación, tratará de evitar los efectos que puedan ser irreversibles y preservar la equidad como valor esencial.