El Congreso aprueba la Ley de Evaluación Ambiental, que modifica el Trasvase Tajo-Segura
- Se ha aprobado con los votos del PP y los de CiU en dos enmiendas
- Incluye el memorando del Trasvase Tajo-Segura, criticado por la oposición
- Las multas para el bunkering serán de entre 200.000 a 2 millones de euros
- Un informe de entidades ecologistas denuncia que la ley infringe legislación europea
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye el control al polémico fracking -técnica para extraer gas- y agrega el memorando del Trasvase Tajo-Segura, muy criticado por la oposición por entender que abre la puerta al 'mercadeo' del agua.
En la sesión de este jueves solo se han votado las enmiendas introducidas por el Senado a este texto (enmiendas, en pdf), que han contado con el apoyo del PP y el voto a favor de CiU a dos enmiendas transaccionales.
Las dos transaccionales modifican técnica y competencialmente el artículo que establece la posibilidad de excluir del control de impacto ambiental la construcción de centros penitenciarios, y el que alude a la creación de bancos de conservación de naturaleza.
En el debate, el grupo parlamentario popular ha respaldado la petición de CiU de que el Ministerio cree un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y sectores implicados para el desarrollo reglamentario de esta ley.
Asimismo, la nueva ley tipifica infracciones como el suministro de combustible de barco a barco en alta mar o bunkering con multas de entre 200.001 a dos millones de euros.
Oposición a la Ley de Evaluación Ambiental
En concreto, CiU quiere que los bancos de conservación promuevan que las medidas compensatorias que se adopten por dañar la naturaleza con un proyecto se vinculen con prioridad al territorio en el que se ejecuta dicho proyecto. El resto de la oposición ha rechazado la creación de estos bancos por considerar que respalda el principio de "pagar por contaminar".
La Ley, que en su conjunto ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición durante su tramitación parlamentaria, establece como novedad que se incluya en el análisis de impacto ambiental la peligrosidad sísmica y la fracturación hidráulica o fracking, técnica que utiliza productos químicos para romper las rocas subterráneas en las que se encuentra atrapado el gas.
Ampliación del trasvase Tajo-Segura
La Ley de Evaluación Ambiental también incluye el memorando sobre el trasvase Tajo-Segura, ampliamente criticado por los grupos de la oposición. Este memorando fue firmado recientemente por el Gobierno con las cinco comunidades autónomas que dependen del Tajo, y eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera de este río.
El acuerdo propone además que se establezcan mensualmente los niveles de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico.
La norma, que regulará la viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción, etc.) en función de sus impactos ambientales, busca, especialmente, reducir los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.
Con esta reducción, el Gobierno quiere evitar dilaciones, ya que en la actualidad, afirma, existen alrededor de 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones. Asimismo, el Ejecutivo asegura que la simplificación de los procedimientos promoverá la generación de puestos de trabajo.
Precisamente esta semana, una veintena de organizaciones y plataformas de toda España han presentado un informe ante la Comisión Europea que denuncia "graves incumplimientos" a leyes europeas de la normativa derivada del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, según informó Ecologistas en Acción en un comunicado.
Según los ecologistas, el incumplimiento más grave es que no se podrán establecer caudales ambientales y los caudales mínimos en Aranjuez serán fijos a lo largo del año. Además, creen que "difícilmente se podrá mejorar la calidad de las aguas en Toledo y aguas abajo".