Interior defiende los cambios en la Ley de Seguridad, que no gusta a oposición ni policía

• Las 21 infracciones muy graves que tenía el borrador quedarán en menos de 10
• Las manifestaciones no autorizadas frente al Congreso, 30.000 euros de multa
• El PSOE no descarta recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional
• Los policías critican las "rebajas" en las sanciones y no se sienten protegidos

Interior defiende los cambios en la Ley de Seguridad que critican oposición y policía

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha justificado que los cambios "lógicos", introducidos con respecto al primer borrador en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que este viernes llegará al Consejo de Ministros, "eran de esperar", ya que el resto de ministerios han aportado sus sugerencias en la redacción.

Según el anteproyecto al que ha tenido acceso Efe, las 21 infracciones muy graves que inicialmente estableció el texto quedarán en menos de diez, mientras que las infracciones graves serán las más numerosas, una treintena, y las leves, sumarán casi veinte.

Entre las variaciones introducidas con respecto al primer borrador, Interior ha rebajado de muy grave -multada con hasta 600.000 euros- a grave, con hasta 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso, Senado u otras instituciones del Estado.

"Querer ver estos cambios como algo extraordinario es un error", ha añadido Martínez, quien considera que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana es "una buena iniciativa" que "sin duda" ha mejorado con respecto al borrador primitivo gracias a las sugerencias de otros departamentos, por lo que la versión es "más precisa", ha dicho el número dos de Interior en declaraciones a los periodistas  tras inaugurar un seminario sobre seguridad global en el siglo XXI,  organizado por el sindicato Unión Federal de Policía.

Así, Martínez ha recordado que, aunque parta de un ministerio en concreto, la iniciativa legislativa es del Gobierno y, por tanto, se debe complementar con lo que el resto de departamentos puedan sugerir, matizar o proponer como redacción alternativa. Además, el Consejo de Ministros lo someterá a informe de determinados órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o, incluso, la Agencia de Protección de Datos.

De hecho, Martínez ha señalado que, "una vez se elaboren todos esos informes, irá por segunda vez al Consejo de Ministros. Como es evidente, después de esos informes el texto habrá cambiado".

Un fichero de infractores medirá la reincidencia

El Ministerio del Interior tendrá en cuenta la  reincidencia a la hora de decidir la cuantía de las multas que se impondrán,  por lo que se  contempla crear un fichero policial que registrará a los infractores.

"Este fichero no tendrá nada que ver con los  delitos sino con las infracciones en materia de seguridad ciudadana a  fin de registrarlas para valorar si se produce la  reincidencia, que es un elemento para graduar en el  anteproyecto la cuantía de las sanciones y en última instancia para  apreciar si la comisión reiterada pueda hacer que una  infracción grave se pueda convertir en muy grave o una infracción leve  se pueda convertir en grave".

Los escraches a cargos públicos no han estado en el borrador

Preguntado por la eliminación de los escraches o acosos a cargos públicos como infracción muy grave, Martínez ha señalado que esta palabra no ha estado nunca en ningún borrador.

"Nunca estuvo recogido como sanción administrativa", ha aclarado el número dos de Interior, quien ha reiterado que su departamento nunca contempló que estas conductas figuraran en la ley, que pone el acento en las conductas incívicas que perturban gravemente la tranquilidad ciudadana.

Respecto a la creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, Martínez ha explicado que ese fichero no tiene nada que ver con los delitos, sino con las infracciones de seguridad ciudadana, con el objetivo de tener constancia de la reincidencia de los infractores.

Una ley muy contestada por la oposición

El proyecto de ley del Gobierno ha levantado una fuerte polémica en la  oposición y los grupos sociales que entiende que recorta derechos  fundamentales recogidos en la Constitución.

En el Congreso de los Diputados, el diputado de La Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha manifestado que con estos cambios España pasa "de una ley totalitaria a una ley autoritaria". "Salimos de Egipto pero seguimos en Turquía, más o menos, en materia de seguridad ciudadana", ha comparado.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, cree que, aunque se rebaje la cuantía de las sanciones, la futura Ley de Seguridad Ciudadana es un "ataque" a los derechos civiles y políticos por parte de un Gobierno que ya ha recortado los derechos sociales".

Valenciano ha confirmado que su partido no descarta recurrir la ley al Tribunal Constitucional, tal como ya ha avanzado el grupo parlamentario socialista.

En todo caso, ha asegurado que antes de llegar a ese punto el PSOE intentará "combatir" la ley en el Parlamento. "La están suavizando, pero sólo en términos económicos y el fondo es importante", ha alertado.

Los policías critican las 'rebajas' en las sanciones

Los cambios introducidos en el borrador del anteproyecto han puesto de acuerdo a los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, a la hora de criticar lo que consideran unas "rebajas" con respecto a los planes iniciales de Interior y aseguran que ya no se sienten protegidos con el nuevo articulado.

El secretario de comunicación de Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, ha censurado que, "paradojas de la vida, muchas de las infracciones que se han rebajado son precisamente las que tienen que ver con la protección a los policías. La venta inicial se ha quedado vacía". A su juicio esta nueva ley tiene "otras intenciones".

"Se vendió como una ley que protegía más a los policías y el SUP dijo que prefería estar bajo el amparo del Código Penal y que esta Ley nos parecía una rebaja", ha añadido.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López quien lamenta que "se ha quedado cojo el espíritu de la reforma". "Si antes de iniciar el trámite parlamentario ya estamos contra estas rebajas, van a dejar la ley absolutamente inocua y carente de sentido", ha criticado.

En ese sentido, ha reprochado "la mala política de Interior de lanzar globos sonda y, en función de la respuesta, recular de esta manera". "La defensa de los policías y su honor queda completamente descafeinada. De seguir así, este texto por supuesto que no gozará de nuestro apoyo", ha zanjado.