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La ley de unidad de mercado se aprueba definitivamente solo con los votos del PP

  • La oposición denuncia que invade competencias autonómicas
  • Creen que las CC.AA. rebajarán los requisitos para atraer empresas

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El Pleno del Congreso ha aprobado, solo con los votos del PP, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que pretende eliminar trabas burocráticas y permitir que las empresas puedan operar en todas las comunidades autónomas con cumplir la legislación de su región de origen.

La norma, que ahora deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor, ha contado con el rechazo de la oposición (salvo por UPyD, que la apoya pero le parece que se queda corta). El resto de los grupos la considera recentralizadora, desreguladora y desprotectora de los derechos de los consumidores.

Todas las formaciones de la oposición se han expresado en contra salvo UPyD, que de haber podido habría optado por la abstención, como ya hizo en anteriores debates.

El socialista Joan Rangel ha asegurado que las enmiendas del Senado son "irrelevantes o dañinas" y "confirman plenamente" un modelo que rechazan "de plano" porque "confunde unidad con uniformidad, actúa claramente con una visión recentralizadora laminando competencias de comunidades y ayuntamientos, y fomenta la desregulación".

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que "partiendo de una realidad -la sobreproducción normativa-, se hace un diagnóstico interesado -que el problema es la diversidad regulatoria de las comunidades- y se ofrece al Estado como salvador, escondiendo los verdaderos objetivos" que no son la unidad de mercado sino "la uniformización en la desregulación" y el "dumping normativo" entre comunidades

CiU: Parece que quieren pasan de un mercado regulado a un mercadillo

Según Josep Sánchez Llibre (CiU), esta ley es "el resultado de una gran cruzada del Estado contra las comunidades autónomas" e introduce una regulación "totalmente intervencionista, burocratizadora, que vulnera las competencias autonómicas, uniformizadora, recentralizadora" y que incluso podría tacharse de "inconstitucional". "Parece que quieren pasar de un mercado regulado a un mercadillo", ha ironizado.

Para el diputado del PNV Emilio Olabarria esta ley es "manifiestamente extravagante, sin ninguna utilidad e incluso contraproducente para la economía". "¿Quién ha roto la unidad de mercado? ¿O corre peligro?", se ha preguntado, defendiendo que no hay nada disfuncional" en el mercado español, aunque avisando de que a partir de ahora sí se crearán "distorsiones" y "conflictos" entre operadores y regiones. 

Teresa Jordà (ERC) ha insistido en que la ley es "homogeneizadora" y "recentraliza competencias". Por Amaiur, Rafael Larreina ha afirmado que las enmiendas del Senado "no han mejorado la ley, sino que incluso la han empeorado". 

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, ha subrayado que es una "ley importante" para "mejorar la descentralización" española, pero ha lamentado que "cuando por fin se hace algo, no se haga de la mejor manera posible", aligerando la legislación vigente, sino con una ley "incentivará a las empresas a localizar su actividad en las comunidades donde se exijan menos requisitos" y a las regiones a "bajar los requisitos para atraer empresas", afectando incluso temas esenciales como la salud, la seguridad o el medio ambiente.