Luz verde a la Ley de Transparencia, que pretende combatir la corrupción y regeneración democrática

• Se aprueba con el apoyo de PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro
• PSOE, Izquierda Plural. UPyD y Grupo Mixto la rechazan

La vicepresidenta del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, rodeada de diputados durante el pleno del Congreso.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha quedado este jueves definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la Ley de Transparencia ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.

Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, como perceptoras de ayudas públicas.

El 'caso Bárcenas' protagoniza el debate

En el debate de este jueves sobre las enmiendas incluidas en el Senado, el caso Bárcenas ha salpicado la mayor parte de las intervenciones, incluida la del diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, que ha acusado al PSOE de haber "abandonado" esta ley "por pura táctica de erosión al Gobierno".

El socialista José Enrique Serrano, que ha dicho sentirse "partícipe" de la nueva norma, aunque su grupo ha votado en contra, ha sostenido que lo importante es que suponga un "compromiso colectivo e individual para asumir una forma de hacer política distinta".

Por ello, ha animado al PP a demostrarlo en la negociación del plan de medidas de regeneración y en la reforma del reglamento del Congreso.

A través de la Ley de Transparencia, el Congreso también ha dado  luz verde a una disposición adicional que modifica la ley de Previsión  de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento  de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  sobre Blanqueo (GAFI) para vigilar a las "personas políticamente  expuestas" (PEP) a ese tipo de delitos.

Santamaría llama a "trabajar juntos" por la transparencia

En una breve intervención, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora del proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido a todos los grupos su "esfuerzo" y les ha llamado a trabajar "juntos" por el "derecho de los ciudadanos a tener una administración y otras instituciones transparentes".

Durante el debate, Jordi Jané (CiU) se ha congratulado de que las enmiendas de su partido en el Senado hayan "resuelto mucha pequeña burocracia para pequeñas entidades que no tienen medios" para aplicar esta ley.

Tras señalar que la ley es todavía "mejorable", ha destacado los puntos que a CiU no le gustan, como la inclusión de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria que afectan al ámbito competencial autonómico, al tiempo que ha dicho echar de menos la obligación de publicar las balanzas fiscales.

Lejos de ese pronóstico, el diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), Joan Josep Nuet se ha mostrado convencido de que la Ley de Transparencia será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España", ya que su tramitación ha sido la "gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella".

Izquierda Plural se queja del trato "distinto" a la Casa del Rey

Nuet ha criticado especialmente que la Casa del Rey reciba un "tratamiento distinto", que recoja un número "abusivo" de excepciones al derecho de acceso a la información pública y que el futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vaya a ser un "grupito del PP".

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha sostenido que lo que iba a ser una de las principales leyes de esta legislatura se ha convertido en una "ley menor", porque no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos.

En representación del PNV, Emilio Olabarría ha dicho que él no iba a hablar del caso Bárcenas, pero que cada vez ve menos políticos "honestos" y que esos son los que crean "cierto punto de deslegitimación ante la ciudadanía".

Desde el grupo mixto, Alfred Bosch (ERC) se ha preguntado para qué sirve esta ley si con ella "no se hubieran evitado ni el caso Urdangarin ni el caso Bárcenas", mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha lamentado que la transparencia "se quede en el cartel".

En esta misma línea, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha calificado la norma de "tardía", "corta" e "insuficiente" y ha dicho que si Rajoy y Cospedal no admiten que el PP tenía una contabilidad B no creerá en ella ni en su voluntad de ser transparentes.