El Gobierno asegura que queda "plenamente garantizado" el derecho de manifestación

• Aprobado el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
• Se reduce el número de infracciones muy graves y se modifican sanciones
• Gobierno: "Busca la convivencia libre y pacífica y aislar a grupos violentos"
• El proyecto había recibido críticas de la oposición y otros colectivos
• Ver todas las sanciones de la nueva ley

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley de seguridad ciudadana

El Gobierno ha asegurado que queda "plenamente garantizado" el derecho fundamental de manifestación con el único requisito de su comunicación tras aprobar el Consejo de Ministros este viernes el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha suavizado su borrador inicial al rebajar en un tercio el número de infracciones muy graves que conllevarán multas de entre 30.000 a 600.000 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que con esta nueva ley "ganan espacio las libertades públicas" que estarán, ha añadido, "mejor reguladas y protegidas". 

El ministro de Interior, Jorge Fernández, ha dicho que no se modifica la ley de reunión y ha insistido en que el único requisito, como hasta ahora, será comunicar la manifestación. No hacerlo será considerado falta leve.

Eso sí, los comportamientos  violentos que se produzcan en esas protestas sí serán castigados como  infracción grave,con multas de  entre 1.001 a 30.000 euros, ha explicado el ministro.

El titular de Interior ha afirmado que el anteproyecto diferencia el  ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de información y de  libertad de expresión de las conductas violentas.

Desaparece del anteproyecto inicial  como infracción muy grave y pasa a ser considerada grave las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado aunque no estén reunidas y siempre que se perturbe la seguridad ciudadana.

También se rebaja con respecto al proyecto inicial de grave a leve las faltas consistentes en amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros.

El Gobierno ha realizado cambios tras dos semanas de duras críticas de la oposición y algunos sectores sociales.

"El objetivo es aislar a los grupos violentos"

Fernández ha señalado que se trata de una normativa "más garantista en defensa de las libertades individuales" y ha afirmado que al despenalizar las infracciones,  que pasan a ser sanciones administrativas,  hay un "reproche coercitivo de menor intensidad".

Tras 22 años de vigencia de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Corcuera', el ministro ha señalado que el Gobierno ha considerado "necesario, conveniente y oportuno" actualizarla y mejorarla.

"El objetivo es la convivencia libre y pacífica, aislar a grupos violentos y erradicar la violencia, los comportamientos incívicos y el vandalismo".

El texto aún está sujeto a más matizaciones y tendrá que volver al Consejo de Ministros ya como proyecto y posteriormente iniciar el trámite parlamentario.

Multas a las ofensas a España, las comunidades y sus símbolos

El Gobierno considerará graves y prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito.

Y ha puesto como ejemplo una manifestación en la que se muestren pancartas o se griten consignas claramente ofensivas o vejatorias.

Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado el ministro ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

De entre las tipificadas como muy graves figuran la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto o las manifestaciones con finalidad coactiva desde que finalice una campaña electoral y hasta que concluya la jornada.

Como infracciones graves, el anteproyecto fija, entre otras, alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

Impedir desahucios podrá ser sancionado con hasta 30.000 euros

Los actos de "obstrucción" que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial  cumplir con sus funciones al margen de los procedimientos establecidos  también conllevarán una multa de entre 1.000 a 30.000 euros. En este  supuesto estarían los desahucios.

Por otra parte, el anteproyecto plantea la creación de un registro central de infracciones, que incluirá información de los que han vulnerado alguna norma. Se busca así prevenir delitos y tener en cuenta aspectos como la concesión de permisos de armas.