El Gobierno avala 30.000 millones en activos bancarios para mantener la solvencia del sistema

• Economía descarta que afecte al déficit porque el aval es a muy largo plazo
• Esa cifra es la mitad de los activos fiscales diferidos en manos de la banca
• Son un tipo de activo que, sin su aval, tendrían que sacarse del capital principal
• La banca sí deberá excluir del core capital los 33.000 millones no garantizados

El Gobierno ha aprobado este viernes una modificación fiscal por la que el Estado avalará 30.000 millones de euros en activos bancarios para garantizar que la solvencia de las entidades españolas no se reduce al aplicar las nuevas reglas internacionales que entrarán en vigor el próximo enero. En concreto, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros asegura el aval estatal a una parte de los denominados activos fiscales diferidos, que hasta ahora los bancos han incluido como capital de máxima calidad, pero que Basilea III exige que dejen de contabilizarse así a partir de 2014.

Según ha insistido el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "no se trata de ninguna transferencia o préstamo", por lo que "el impacto en las cuentas públicas a corto plazo es prácticamente inexistente". Hay que tener en cuenta que solo afectaría en el corto plazo si quebrase alguna entidad y el Estado tuviese que hacer efectivos de golpe los activos fiscales diferidos permitidos a ese banco.

Ante la insistencia de los periodistas, ha añadido que el Ejecutivo considera que el impacto en el déficit y la deuda pública "a medio y largo plazo no es relevante",  y ha explicado que es una solución "casi idéntica" a la adoptada en Italia en 2011, donde se permite convertir los activos fiscales diferidos en créditos fiscales, que se puedan utilizar como deducciones en el Impuesto de Sociedades.

Esas deducciones se irán produciendo según vayan haciéndose realidad las pérdidas que dieron lugar al activo fiscal diferido, para lo que en España, se marca un plazo de 18 años, aunque según el ministro, se suelen ejecutar en los tres o cuatro años siguientes a la generación del activo.

Qué son los activos fiscales diferidos

Los activos fiscales diferidos (conocidos como DTA por las siglas de su nombre en inglés deferred tax assets) se generan cuando una sociedad se apunta como un activo real el ahorro que logrará en impuestos futuros por un determinado cierre en pérdidas. Realmente, ese ahorro es a futuro, ya que no se ejecuta de forma efectiva hasta que la entidad vuelve a tener beneficios netos. Es decir, es como si unas pérdidas en Bolsa se apuntasen como algo positivo porque, en el futuro, las podremos compensar cuando hagamos otra operación en la que ganemos.

En España, el ejemplo más frecuente de DTA son las provisiones genéricas, el colchón que las entidades reservan para cubrir futuras pérdidas en su cartera crediticia,   por ejemplo, los impagos de hipotecas u otro tipo de préstamos.

También  es importante el volumen de los activos fiscales diferidos  ligados a  los fondos de pensiones de sus plantillas,  que se  generan en el momento en el que las entidades apartan el dinero  que  tendrán que abonar a sus empleados prejubilados hasta que lleguen a  la edad de  jubilación.

Otros DTA se generan por los fondos de comercio,   es decir, por la diferencia que aparece entre el valor en libros de un   activo y lo que se obtiene por él en una operación de compraventa.

Se salvan los vinculados a provisiones y fondos de pensiones

Ese particular tipo de activo asciende en la actualidad a unos 70.000 millones de euros, según el ministro de Economía. De ellos, 50.000 millones se habían generado en España y, dentro de ellos, la modificación ahora introducida podrá aplicarse a las provisiones genéricas y los fondos internos de pensiones.

Así, como ha destacado De Guindos, el Ejecutivo ha decidido permitir que el 60% del total de DTA se conviertan en créditos fiscales, que las normas de Basilea III sí permiten contar como capital de máxima calidad porque, en caso de liquidación del banco, siempre podrá contarse con ellos ya que el Estado hará posible su conversión en capital efectivo.

Los bancos, el Gobierno y Bruselas han pactado durante meses la fórmula que se aplicaría para diluir esos activos sin abrir un nuevo agujero en la solvencia de las entidades y sin acarrear un nuevo riesgo de aumento de déficit y deuda pública.