El Gobierno crea el Consejo de las Pymes que asesorará sobre políticas para esas empresas

• Busca favorecer la planificación y coordinación de medidas
• Tendrá 52 miembros y sustituirá al actual Observatorio de Pymes
• También se ha presentado el borrador de la nueva ley de mutuas

Sáenz de Santamaría y Báñez, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado este jueves la creación del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, que sustituirá al actual Observatorio de las Pymes y que busca favorecer la "planificación y coordinación" de las medidas destinadas a este tipo de empresas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el nuevo organismo asumirá las funciones de "informar, recomendar y analizar las políticas relacionadas con las pymes" y que también se encargará de realizar el seguimiento de la implantación de la leyes relacionadas con la pequeña empresa.

El Consejo no generará duplicidades, según la vicepresidenta, y estará constituido por 52 miembros, incluido su presidente y dos vicepresidentes. En el organismo estarán representados todos los ministerios implicados, el ICEX, el ICO, Red.es, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, las confederaciones empresariales, las organizaciones sindicales y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Borrador sobre la futura ley de mutuas

Además, el Consejo de Ministros ha conocido el informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la nueva ley de mutuas, cuyo anteproyecto de ley se presentará en la reunión semanal del Gobierno el próximo día 20.

Sobre ese borrador, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha recordado que las mutuas "son entidades privadas, asociaciones de empresarios que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y que, por tanto, administran fondos públicos" que la ministra ha cifrado en unos 3.900 millones de euros. La ministra ha recordado que gestionan contingencias profesionales, como las bajas por incapacidad temporal, que absorbe la mayor parte de esa cantidad (3.700 millones).

Según Báñez, la modificación de la ley actual se debe a la actualización normativa exigida por la nueva ley de Seguridad Social, a la necesidad de aportar "seguridad jurídica" acabando con la actual dispersión de normas, y la corrección de "irregularidades puestas de manifiesto en sentencias de tribunales como el Supremo y el Constitucional".

Así, la ministra ha destacado que los dos objetivos de política económica perseguidos por la futura ley serán el de "garantizar que las mutuas destinan recursos públicos a fines públicos -asegurando la continuidad del sistema e incrementando la eficiencia en la gestión- y alcanzar los objetivos de luchar contra absentismo laboral injustificado y mejorar la calidad en asistencia sanitaria.

Además, ha añadido Báñez, "se tratará de facilitar que el cese de actividad de autónomos -prestación que se hace a cargo de mutuas- se haga más eficientemente, ya que los autónomos se quejan de que se deniegan muchas solicitudes".

También ha adelantado que se intentará que se puedan establecer convenidos de colaboración entre las comunidades autónomas y las mutuas, para "mejorar los servicios a españoles en ámbito sanitario".