Los ministros de Empleo de la UE pactan la norma que protege a los trabajadores desplazados

• Se habían detectado abusos en la construcción y el transporte
• Evitará que se creen "empresas fantasma" para reducir costes sociales

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Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE han alcanzado un acuerdo para sacar adelante la nueva directiva sobre trabajadores desplazados, destinada a aumentar la protección de los empleados enviados por sus empresas a otros países.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos sociales, Laszlo Andor, ha expresado su satisfacción por el enfoque logrado sobre esta "importantísima propuesta legislativa", en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros de Empleo celebrado en Bruselas.

El nuevo texto es fruto de unas complejas negociaciones que se han prolongado durante los dos últimos años, debido principalmente a las diferencias entre los miembros sobre el sistema de control previsto, y en particular sobre las inspecciones de empresas y las sanciones contempladas en caso de incumplimiento.

Mayor seguridad jurídica

El compromiso final "es menos exigente que el inicialmente propuesto por la Comisión", admite Andor, quien destaca que "lo importante es haber logrado el acuerdo" y que se trata de un texto "basado en un concepto de equilibrio".

El texto, que ahora será negociado entre los Veintiocho y el Parlamento Europeo, tiene como objetivos principales "aumentar la protección legal de los trabajadores desplazados y que las empresas operen con mayor seguridad jurídica".

La versión final reconoce que los Estados miembros "tendrán las competencias necesarias para llevar a cabo los controles (sobre la aplicación de las normas) cuando lo crean necesario", señala Andor. De este modo se han resuelto las preocupaciones de un grupo de países -entre ellos Reino Unido, Polonia, Dinamarca o la República Checa-, que rechazaba la propuesta inicial de la Comisión al considerar que vulneraba sus competencias nacionales.

Abusos en la construcción y el transporte

La directiva, además, "reconoce la responsabilidad del contratante" sobre el cumplimiento de la normativa, y "otorga flexibilidad a los Estados miembros" en su aplicación, apunta Andor. Esto permitirá "respetar los diferentes modelos sociales y de negociación colectiva" que actualmente están en vigor en los Estados miembros.

La nueva normativa sustituirá a las reglas en vigor desde 1996, y fue impulsada por la Comisión después de que se "detectaran abusos" en los trabajadores desplazados a algunos Estados miembros en sectores como el de la construcción o el transporte por carretera, recordó el comisario europeo.

Una vez entre en vigor, los empleadores estarán obligados a ofrecer información clara y transparente sobre sus sedes en el extranjero y sobre sus trabajadores desplazados, para evitar la existencia de "empresas fantasma" establecidas en otros países con menor protección social y costes laborales inferiores.