La Eurocámara aprueba la reforma de la Política Pesquera Común que limita los descartes

• La prohibición se introducirá de manera progresiva  entre 2015 y 2020
• Permitirá al final de este tramo un 5% de  descartes autorizados
• Aprueba también una moratoria de al menos cuatro años a la pesca de arrastre
• Prorroga la exención de aranceles en Canarias para productos pesqueros

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno  al acuerdo para reformar la Política Pesquera Común (PPC), que entrará en vigor a partir de 2014, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las existencias marinas. Entre las principales novedades, elimina de forma progresiva a partir de  2015 los descartes, aunque con algunas excepciones. 

La prohibición de los descartes se introducirá de manera progresiva  entre  2015 y 2020 y permitirá al final de este tramo un 5% de  descartes  autorizado, una cifra que media entre el 7% que pedían los  gobiernos y  el 3% que la Eurocámara dijo estar dispuesta a aceptar en  las  negociaciones.

El fin de los descartes ha sido una de las claves una negociación  en la que la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, exigió "tolerancia  cero" hacia esta práctica, que supone arrojar al mar las capturas  -generalmente ya muertas- que no interesan a los pescadores por su  escaso valor comercial o por las dificultades de conservación en alta  mar. 

Sin embargo, los países con las mayores flotas, como España,  presionaron para introducir cierta flexibilidad y suavizar el veto  total a los descartes, que representan una cuarta parte del total de  capturas de la flota comunitaria.

Progresividad en los descartes

Para lograr el objetivo de los descartes, la nueva PPC obligará a los barcos a  descargar al menos el 93% de las capturas en 2015 y 2016, el 94% en  2017 y 2018 y el 95% a partir de 2019. Además, se podrán fijar  excepciones para los pescadores que acrediten serias dificultades  para realizar capturas más selectivas o cuando la transformación de  las capturas accesorias conlleve costes desproporcionadamente altos.

Según los datos ofrecidos por Bruselas, el 80% de las poblaciones  pesqueras en el Mediterráneo y el 47% en el Atlántico sufren  sobrepesca, lo que pone en riesgo su futuro. Por ello, la reforma se  compromete con la pesca sostenible y proteger el rendimiento máximo  sostenible para que no se puedan pescar por encima de este índice,  que establece el límite de capturas posible de una especie sin mermar  su recuperación.

Con la reforma, los Estados miembros asumen también la  responsabilidad de reducir la capacidad pesquera de sus flotas para  ajustarlas a los recursos disponibles. Aunque los países podrán  elegir las medidas con las que trabajar en esta línea, también se  enfrentarán a la suspensión de fondos europeos si se constata que no  cumplen con los esfuerzos marcados.

Por otro lado, la PPC reconoce las particularidades de las  regiones ultraperiféricas y reconoce la necesidad de apoyar a las  zonas costeras para generar empleo en el sector, al tiempo que  mantiene medidas de protección de la pesca artesanal, como la  restricción de acceso a los recursos dentro de las primeras 12 millas  náuticas.

El reparto de cuotas entre la flota de cada país deberá, además,  responder a criterios específicos, objetivos y transparentes, que  tengan en cuenta aspectos medioambientales, sociales y económicos. El  objetivo es beneficiar a los segmentos de la flota que acrediten ser  fuente de empleo y tener un menor impacto negativo en el entorno.

El sector pesquero en la Unión  Europea genera 35.600 millones de  euros y supone 310.000 empleos,  según datos del Parlamento Europeo.

Moratoria de al menos cuatro años a la pesca de arrastre

Dentro también del ámbito de la pesca, el Parlamento Europeo ha votado a favor de demorar al menos cuatro años la prohibición de la pesca de arrastre y amarre de especies en profundidad en el Atlántico noreste que propone la Comisión Europea, y a la que se opone en gran medida el sector español.

Paralelamente, los parlamentarios se manifestaron a favor de que la CE realice un estudio de las áreas más vulnerables respecto a la conservación del ecosistema, con el fin de fomentar la sostenibilidad.

En los últimos meses, la industria pesquera y, especialmente, la Xunta de Galicia, habían manifestado en Bruselas su rechazo a la propuesta presentada hace más de un año por el Ejecutivo comunitario de prohibir el arte de arrastre de profundidad en el Atlántico noreste, una medida que, según denuncian, puede amenazar la competitividad de más de 300 buques españoles.

Tras la votación, el secretario de Estado de Pesca, Carlos Domínguez, se ha mostrado satisfecho por el resultado de la votación y ha señalado que "ha habido una ofensiva clara por parte de las organizaciones ecologistas sin ningún tipo de fundamento científico" contra esas técnicas pesqueras en aguas profundas.

La organización ecologista Greenpeace ha criticado el resultado de la votación y ha subrayado los daños que genera el arrastre de profundidad a los ecosistemas y la cantidad de subsidios que recibe, pese a su escasa contribución al total de capturas en Europa.

Exención de aranceles en Canarias

Otra de las medidas aprobadas es la de prolongar hasta 2020 la exención de pago de derechos de aduana sobre la importación de algunos productos pesqueros en las Islas Canarias. Esta medida se aplica a productos como el pescado congelado, los crustáceos y moluscos frescos, refrigerados, congelados, ahumados, secos, salados o en salmuera y las harinas de pescado.

Canarias soporta costes adicionales a la hora de abastecerse de ciertos productos pesqueros debido a su situación geográfica con respecto a las fuentes de suministro de los mismos. Para paliar esta desventaja natural, la Unión Europea (UE) ha suspendido desde 1991, parcial o totalmente, los derechos de Arancel Aduanero Común para las importaciones de determinados productos en Canarias.

De esta forma, al evitar que los países que exportan sus productos a Canarias tengan que pagar derechos de aduana se evita también que esto repercuta en una subida del precio de los productos en el archipiélago. El actual régimen de suspensión expiraba el 31 de diciembre de este año, por lo que la aprobación del PE era necesaria para que la exención pueda ser de nuevo efectiva desde el 1 de enero de 2014 hasta 2020.