El PP logra 'in extremis' introducir una partida de 19 millones para ayudas de la beca Erasmus
- El Grupo Popular obtiene el apoyo de CiU, PSOE, PNV y Grupo Mixto
- Un error técnico había impedido su aprobación en el Congreso
- CC.OO. y alumnos recurren la orden que limita la concesión de la beca
El Grupo Popular en el Senado ha logrado introducir 'in extremis' una partida presupuestaria de 19 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2014, para poder pagar la ayuda estatal a todos los estudiantes que en el presente curso escolar son beneficiarios de la beca Erasmus.
Así, el PP ha obtenido el apoyo de CiU, PSOE, PNV y Grupo Mixto, para introducir la partida a través de una enmienda transaccional que había presentado CiU y que se pueda votar la enmienda este miércoles en el en el Pleno del Senado, según han explicado fuentes parlamentarias en declaraciones recogidas por Efe.
La propuesta de CiU instaba a establecer una partida de 26 millones para movilidad de estudiantes Séneca y Erasmus. Con la modificación introducida, se sustituye esa cantidad por 19 millones de euros para destinarla solo a los estudiantes erasmus.
De este modo, el PP ha querido remediar un error técnico que llevó a la Mesa de la Cámara Alta a rechazar en un primer momento su enmienda para introducir una partida presupuestaria de 19 millones de euros e incrementar así los fondos del programa hasta los 35 millones de euros en este curso.
Recurren la orden que limita las ayudas a beneficiarios de beca general
Precisamente la inclusión de la enmienda transaccional en el Senado responde al anuncio realizado por el ministro José Ignacio Wert para que finalmente todos los universitarios del programa Erasmus tengan la ayuda complementaria estatal sin necesidad de haber tenido el curso anterior una beca general, como había establecido el Ministerio a través de una orden.
El sindicato CC.OO. y varios alumnos del programa Erasmus han recurrido la orden por la que se fijó que la aportación complementaria del Estado a ese programa se daría solo a los beneficiarios de una beca general el pasado año, ya que se establece de forma retroactiva, cuando los estudiantes están en sus destinos.
Fuentes sindicales han informado a Efe de que el recurso ha sido interpuesto esta mañana ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid en nombre de la Federación de la Enseñanza de CCOO y varios alumnos afectados.
Este sindicato argumenta en su recurso que la orden del Ministerio de Educación del pasado 29 de octubre vulnera la Ley General de Subvenciones, ya que a los alumnos que estén disfrutando de una ayuda por un contrato de subvención anterior a dicha norma se les puede retirar la subvención con la obligación de su reintegro más el interés de demora.
El requisito establecido en la citada orden de octubre cambia las bases de la convocatoria de ayudas y becas para Erasmus y "modifica unilateralmente el contrato estudiante-administración, lo que conlleva un abuso de poder por parte del ministro de Educación", según CCOO.
El ministerio, según este sindicato, no puede aplicar retroactivamente una orden en virtud del principio de irretroactividad de las normas previsto en el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las normas sancionadoras y que nadie pueda ser privado de sus bienes y derechos sin causa justificada de utilidad pública o interés social.
FETE-UGT pide a la defensora del pueblo que recurra la Lomce
Mientras, el sindicato FETE-UGT ha pedido también a la defensora del pueblo que presente recursos de inconstitucionalidad y de amparo o al menos uno de ellos, en relación con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) publicada este martes en el BOE.
El recurso se fundamenta en que según este sindicato, la Lomce vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la igualdad y la no discriminación (artículo 14), la educación (27) y la participación ciudadana en los asuntos públicos (23).
Además, la ley contraviene otros preceptos, según FETE-UGT, como el artículo 37 (negociación colectiva laboral) en vinculación con el 103 (estatuto de los funcionarios públicos), además del 149.1.1 (regulación de las condiciones básicas de igualdad de todos los españoles), lo que requiere un recurso de inconstitucionalidad, según fuentes sindicales.
En este sentido, el sindicato ha dirigido una queja a la defensora en la que también le pide que sugiera a la administración la modificación de los criterios que se han empleado para la elaboración de la Lomce.