La oposición considera que la Fiscalía debe actuar tras la publicación de los correos de Blesa

• Tras publicarse varios correos de Blesa con otros directivos 
• El expresidente de Caja Madrid celebra supuestamente el éxito de las preferentes

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Varios grupos de la oposición han considerado este miércoles que la Fiscalía debería actuar tras la publicación en eldiario.es de los correos que supuestamente intercambió el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa con otros directivos de la entidad en los días de la emisión de preferentes en 2009.

Así, Álvaro Anchuelo, diputado de UPyD, el partido que impulsó una de las primeras querellas por la comercialización de las preferentes, ha insistido en el Congreso en que los acontecimientos refuerzan su posición inicial basada en que se estafó "a jubilados o personas que no estaban en condiciones de saber lo que estaban comprando".

El diputado de UPyD ha recalcado que se alegran, "por los preferentistas y por los estafados", de que tras sus denuncias de irregularidades en Caja Madrid la Justicia les vaya dando la razón.

Según eldiario.es, en los correos publicados que forman parte de la investigación judicial del caso Blesa, el expresidente de Caja Madrid celebra el éxito de la emisión de las preferentes.

El PSOE: "Sería una verdadera vergüenza"

A este respecto, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha dicho que, de ser cierta esa información, sería una "verdadera vergüenza", porque pondría de manifiesto que "se sabía que se estaba vendiendo un producto fraudulento y que no se estaba informando suficientemente".

Para Rodríguez, se trata de una noticia de "enorme gravedad", teniendo en cuenta que la "gente en la calle sigue reclamando sus ahorros". También Gaspar LLamazares, de IU, espera que la Fiscalía General del Estado tome nota de "esas denuncias" y "ponga a esos personajes ante la Justicia".

Llamazares cree que se demuestra que en el caso de las preferentes "no hubo únicamente un descuido o una mala praxis", sino que hubo "una estrategia para vender esos productos tóxicos a ciudadanos que no son especuladores", por lo que cree que no sólo hay una responsabilidad societaria sino "probablemente" también una responsabilidad penal.