Principio de acuerdo en la UE para crear un mecanismo común para reestructurar bancos
- Ahora se negocia sobre el pacto entre los cinco grandes países del euro
- Según ese pacto, la decisión última de cerrar bancos será de los gobiernos
- El fondo común para afrontar quiebras se pondría en marcha en 11 años
- La intención es cerrar el principio de acuerdo antes de la cumbre del día 19
Los ministros de Economía de la Unión Europea han alcanzado este martes en el Ecofin un compromiso que deberán cerrar en los próximos días sobre el mecanismo único de reestructuración o liquidación de bancos con problemas. Los Veintiocho se han comprometido a negociar sobre el pacto alcanzado entre los cinco grandes países del euro, en el que se propone dejar en manos de los gobiernos la decisión última de cerrar una entidad y crear un fondo común para afrontar quiebras bancarias que empezaría a funcionar dentro de una década.
Además, la fórmula definitiva del mecanismo y el fondo comunes tendrá que contar con el visto bueno del Parlamento Europeo.
Las conclusiones de la reunión de este martes del Ecofin recogen un acuerdo general para que haya "poderes e instrumentos comunes para prevenir crisis bancarias y resolver entidades financieras", entre las que concreta la obligación de crear fondos de resolución nacionales. (Ver págs. 9 y 10 del documento en inglés en pdf)
Sin embargo, no avanzan nada más, ya que el documento de compromiso elaborado por la Presidencia lituana que incluía las propuestas de Alemania, Francia, España, Italia y Holanda se ha debatido y ha sido objeto de consenso en algunos puntos, pero deberá seguir negociándose para cerrar un acuerdo global antes del Consejo Europeo del día 19. Para ello, se ha convocado un nuevo Ecofin el 18 de diciembre.
"Bueno, cinco países... es decir, ya saben ustedes a lo que unos se puede referir... Es decir, que ha habido un acuerdo bastante amplio, ¿no? y hay otros países que han pedido un poco de tiempo" para examainarlo, ha resumido el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
"Hemos avanzado mucho, el camino recorrido es muy importante", ha subrayado el ministro español, antes de añadir: "La semana próxima nos volveremos a ver por aquí y seguro que podremos celebrar que tenemos un acuerdo en esta parte importante de la unión bancaria".
Según De Guindos, los cinco países están "completamente de acuerdo" con el texto -puesto que lo han consensuado en reuniones previas, como las celebradas en Berlín la semana pasada y en Bruselas en la noche del domingo-, mientras que el resto de delegaciones han pedido más tiempo para examinarlo.
"Tenemos todas las bases para un acuerdo, sujeto a ciertas modificaciones y a un trabajo jurídico serio. Confío en que lo logremos la semana próxima", ha asegurado el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier.
La propuesta de los cinco países más grandes
La propuesta elaborada por esos cinco países diluye la propuesta inicial de la Comisión Europea y responde, sobre todo, a las exigencias que plantea Alemania, que pretende evitar cualquier tipo de mutualización de riesgos, con el objetivo último de no costear el cierre de entidades de otros países.
Según ese compromiso, serán los Gobiernos, y no la Comisión Europea, quienes tendrán la última palabra a la hora de decidir el cierre de un banco. Además, el fondo único para financiar las quiebras -que se pretende alcance 55.000 millones de euros- solo empezará a funcionar tras un período de transición de once años. Mientras dure ese período transitorio, habrá una red de fondos nacionales, es decir, que cada país sufragará los costes por eventuales problemas en su sistema financiero. Sin embargo, se prevé que gradualmente vayan sufragándose de forma conjunta en un mecanismo que exigirá firmar un tratado intergubernamental, es decir, fuera de los instrumentos comunitarios fijados en los Tratados de la UE.
Por último, se adelanta de 2018 a 2016 la entrada en vigor de las reglas que obligarán a accionistas, preferentistas, bonistas sénior y grandes depositantes a asumir pérdidas en caso de rescate (lo que se conoce como bail-in o rescate desde dentro), con el fin de reducir al máximo el coste para los contribuyentes, tal como reclamaba Berlín. Del mismo modo, el mecanismo de resolución echará a andar en 2015, pero no ejercerá sus funciones hasta un año después.
El mecanismo común de reestructuración y liquidación de entidades es el segundo pilar de la unión bancaria, tras el de supervisión común que dirigirá el Banco Central Europeo. Esa unión bancaria es crucial para poner fin a la actual fragmentación del sistema financiero de la eurozona, que está castigando sobre todo a empresas y bancos de países como España, que pagan intereses más altos por su financiación que otras homólogas en Estados menos golpeados por la crisis económica.
Un mecanismo complejo que reserva la decisión final a los gobiernos
En concreto, sobre la autoridad común de resolución, la propuesta establece que esté integrada por un consejo ejecutivo y otro plenario -en los que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo serán observadores- que tomen las decisiones sobre la reestructuración y liquidación de los bancos, mientras que las instituciones europeas "solo ejercerán un control posterior" de las mismas.
Así, la Comisión Europea examinaría si las decisiones del consejo ejecutivo son aceptables o no según la jurisprudencia europea y, si no reacciona dentro de un determinado plazo, las decisiones de ese órgano "entrarán en vigor automáticamente". Si no está de acuerdo, el Ejecutivo comunitario tendría que remitir el caso a los Veintiocho, que puede oponerse con mayoría simple a la decisión de la autoridad única o pedir que la enmiende. Si no reacciona, la decisión de la autoridad será válida.
El consejo ejecutivo estará formado por un director y cuatro miembros independientes, además del país o los países afectados por una resolución bancaria, mientras que en el consejo plenario estarán sentados los 28 Estados miembros, pero sus modalidades de votación todavía no están cerradas y hay varias opciones sobre la mesa.
En principio, el plenario debería tomar la decisión final cuando se necesite recurrir a más del 20% de los recursos financieros disponibles en el fondo único y para las recapitalizaciones.
En relación con este último punto, el Ecofin no ha sido capaz de lograr la unanimidad en torno a la propuesta para reforzar el sistema de préstamos a medio plazo para apoyar a los países que no están en el euro, debido a la oposición, entre otros, de Reino Unido y Alemania.
Un mecanismo común para 128 bancos
En cuanto al alcance del mecanismo único de resolución, aunque habrá instrucciones generales para los 6.000 bancos de la eurozona vigilados por el supervisor bancario único que encabezará el BCE, la propuesta pendiente de ratificación señala que la autoridad común de resolución "solo sea responsable de la planificación y fases de resolución de los bancos directamente supervisados" por el BCE, es decir, los 128 más importantes o bancos sistémicos, así como las entidades de crédito transfronterizas.
Aunque Bruselas había propuesto que cubriera a todos los bancos, finalmente se ha impuesto la tesis de Berlín, que pretende dejar fuera del mecanismo a sus cajas de ahorro.
Por lo tanto, las autoridades nacionales de resolución, en el caso de España el FROB, serán las responsables de planificar y ejecutar las fases de resolución para los demás bancos, aunque cuando uno requiera financiación del fondo único, la decisión se eleva a nivel europeo.
Una mutualización progresiva de los riesgos a lo largo de una década
En cuanto al fondo de liquidación, se pretende nutrir con contribuciones anuales de los bancos de 5.500 millones de euros a lo largo de diez años, hasta que se alcance el objetivo de 55.000 millones en 2026.
Durante esta década de transición, en el caso de que haya que proceder a liquidar un banco, se recurrirá a los fondos nacionales del país o países en los que la entidad está presente, aunque progresivamente se irá permitiendo el acceso al capital común.
Así, en el primer año de vida, el compartimento nacional cubriría el 100% de los costes de resolución; el segundo año, el 90%, y así sucesivamente, hasta llegar al solo un 10% en 2026. "Habrá un proceso en el cual los fondos nacionales van perdiendo importancia y el fondo de resolución único la va ganando de forma gradual", ha explicado De Guindos.
El consejo plenario también podría utilizar los recursos de los compartimentos de los demás países para cubrir los costes no cubiertos por un fondo nacional concreto, empezando el primer año con un 10%, el segundo un 20% y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% en 2026. Sin embargo, para que los países puedan prestarse entre sí y transferir las contribuciones al fondo único, habrá que elaborar un tratado intergubernamental.
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